Una chica de 22 años muere como consecuencia de un aborto inseguro en el hospital de Formosa. Un muchacho trans es maltratado por sus compañeros en San Luis, donde el acceso a la Educación Sexual Integral (ESI) es todavía un reclamo estudiantil. Una chica de 21 años de Salta muere tras un parto, y su familia –de la comunidad wichí– no recibe información certera sobre lo ocurrido. A una mujer le niegan atención para el cáncer de cuello de útero en Chubut, una provincia donde trabajadores estatales pasan meses sin cobrar sus salarios. Un grupo de mujeres se organiza en Corrientes contra la violencia obstétrica, que toma la pandemia como excusa para impedir el acompañamiento en el parto. Estas son algunas de las historias que marcan vulneraciones en el acceso a derechos sexuales y reproductivos en todo el país durante la pandemia de la COVID-19.

Aunque no todas las personas los conozcan, los derechos sexuales están contemplados en distintas leyes nacionales vigentes y también en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que están incorporados a la Constitución Nacional. La anticoncepción, la identidad de género, el acceso a tratamientos por VIH, la educación sexual integral, son sólo algunos de esos derechos.   

Desde el 20 de marzo de 2020, cuando se firmó el decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, en Argentina murieron al menos tres mujeres por abortos inseguros. En Formosa y provincia de Buenos Aires, estas muertes evitables son la punta del iceberg. ¿Cuántas personas con capacidad de gestar dejaron de recurrir a los servicios y descontinuaron sus métodos anticonceptivos? ¿Cuántos centros de salud se abocaron únicamente a atender la COVID-19? El derecho a la información, quizás la base del ejercicio de los otros, se diluyó ante la aparición de un tema que ocupó la agenda pública de forma monopólica. 

El coronavirus cambió las prioridades. Sin embargo, hay derechos que no pueden esperar. La pandemia jerarquizó la palabra esencial. Es esencial para las mujeres y personas gestantes contar con información sobre los métodos anticonceptivos, tenerlos disponibles, acceder a una Interrupción Legal del Embarazo según las causales previstas por ley, recibir adecuada asistencia durante el parto. Es esencial recibir los tratamientos de VIH o las terapias hormonales para las personas que requieren adecuación de género. Es esencial que ese acceso sea informado y respetuoso. 

Desde #LosDerechosNoSeAíslan, reporteras y reporteres de todo el país buscaron historias y datos en las 23 provincias argentinas y CABA. Queríamos saber, por ejemplo, sobre la cantidad de Interrupciones Legales del Embarazo (ILEs) en todo el territorio, acceso a anticoncepción, a la Educación Sexual Integral (ESI), denuncias por violencia obstétrica o faltantes de medicamentos para personas que viven con VIH. Pero ejercer el derecho de acceso a la información puede ser un camino difícil y frustrante.

Realizamos 25 pedidos de acceso a la información pública, divididos en tres documentos por tema a los Ministerios de salud provinciales de las 24 jurisdicciones del país y al Ministerio de Salud de la Nación. Pedimos datos al Estado y a las provincias pero sólo tuvimos siete respuestas satisfactorias, cuatro respuestas parciales y catorce pedidos sin respuesta.

Esta falta de respuesta nos alertó sobre posibles explicaciones: que esos datos no existan, que su recolección sea tardía o deficiente, o que se decida no mostrarlos por estrategias de diversa índole. En cualquier caso, significa una denegación de derechos.

Aunque no haya ley de adhesión a la ley nacional en todas las provincias, el acceso a la información pública es un derecho legislado en la Constitución Nacional, en la Ley 27.275 y en tratados internacionales, por lo cual ninguna jurisdicción puede negarlo. En el seguimiento de los pedidos de acceso de la investigación federal, las reporteras y reporteres presentaron seis documentos de pronto despacho y una denuncia al órgano de aplicación de una de las provincias. Para ello es crucial tener el número de expediente de la solicitud, que es el número de documento del pedido. De los 25 pedidos, sólo once obtuvieron el número de expediente correspondiente. Algunos, reclamos administrativos mediante.

Sin acceso a la información pública, no hay posibilidad de acceso pleno para la ciudadanía de otros derechos legislados y por legislarse.

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La discusión por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en 2018, dejó en evidencia que los derechos sexuales y reproductivos son un territorio de disputa. Una pelea desigual, que se centra los cuerpos de las mujeres y personas LGTTBQI+. 

El debate público sacó al aborto y la discusión sobre los derechos sexuales del clóset, y generó más conciencia social sobre qué se puede exigir al Estado. Educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar son dos derechos ya consagrados por leyes que tienen más de una década. 

Gracias al enorme trabajo de la equipa de #LosDerechosNoSeAíslan, se obtuvieron datos federales sobre acceso a anticonceptivos. Entre ellos se destaca la drástica disminución en la distribución de preservativos, que cayó seis veces entre marzo y mayo de 2020, en comparación con el mismo período de 2019. Desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, atribuyeron esa caída a la insuficiente producción nacional y aseguraron que, a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Estado compró 40 millones de preservativos. De acuerdo con el organismo, este es un lote que “se demoró por la pandemia” y ahora esperan la autorización del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para repartirlos. De ese total, según la dirección, 20 millones se destinarían a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y otros 20 a la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis. 

Del análisis de los números entregados, descubrimos un incremento del 23% interanual entre marzo y mayo en la provisión de métodos anticonceptivos hormonales y del 242% en Dispositivos Intrauterinos. Son datos federales de insumos entregados por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

¿Será suficiente? La pregunta es urgente.

Un informe elaborado en agosto por UNFPA en Argentina cuantifica el impacto de la pandemia sobre el acceso a anticonceptivos y por ende, la planificación de los embarazos. Estiman que 714 mil usuarias dejarán de comprar sus anticonceptivos en farmacias y 379 mil dejarán de recibirlos del sistema de salud. Esto podría provocar unos 143 mil Embarazos no intencionales y 65.600 abortos. “Sumadas las mujeres que tendrán restricciones de acceso por ambas vías (provisión pública y adquisición privada) un total de 1.093.000 mujeres que viven en Argentina descontinuarán el uso de métodos anticonceptivos modernos”, expresa ese trabajo, que estima un retroceso de entre veinte y treinta años en el porcentaje de mujeres con necesidades insatisfechas de planificación familiar, luego de la COVID-19.

En 2018, el 12,7% de los embarazos en Argentina pertenecieron a madres menores de 19 años, según un informe del Plan ENIA. Más específicamente, de acuerdo a los datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), fueron 87.118, de los cuales 2.350 correspondieron a niñas menores de 15 años.

La educación sexual y reproductiva es la mejor prevención del embarazo adolescente, sin embargo, su aplicación no es integral en Argentina. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) se desarrolla en algunas provincias seleccionadas, como Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, mientras en Formosa sólo funciona el dispositivo de salud sexual y reproductiva con distribución de insumos. 

Ante la pandemia, las escuelas se encontraron sin atención presencial, por lo tanto, el plan ENIA no registró docentes capacitades de forma presencial entre marzo y junio de 2020. Este año hubo 34.755 estudiantes que recibieron actividades de la cartilla ESI/ENIA 2020 virtual, pero el informe de monitoreo admite que “la cobertura es verdaderamente baja”. De hecho, informan “273 escuelas sobre un total de 1.668 bajo plan”. Esto supone una baja del 70% respecto a les adolescentes con actividades en el período entre abril y junio de 2020, con respecto a 2019. 

Sumado a la dificultad de acceso a los métodos anticonceptivos, ¿cuál será el impacto de la crisis sanitaria en el embarazo no intencional en la adolescencia? 

Si bien la Organización Mundial de la Salud y el Estado nacional plantearon que los servicios de salud sexual eran esenciales, las vulneraciones –en muchos casos, previas- se hicieron aún más visibles e infranqueables por las condiciones impuestas por la pandemia. 

Una línea nacional, el 0800-222-3444, atiende reclamos y denuncias por falta de acceso a salud sexual de todo el país. En los primeros ocho meses de 2020, recibió más de 11 mil llamadas, de las cuales cerca de la mitad se referían a Interrupción Legal del Embarazo. Quienes llaman conocen previamente ese recurso, saben hablar en español, y por eso pueden reclamar. ¿Qué pasa con millones de personas que no saben a dónde recurrir y muchas veces, ni siquiera conocen cuáles son sus derechos?

#LosDerechosNoSeAíslan pudo averiguar que en 2020 aumentaron a más del doble las Interrupciones Legales del Embarazo registradas por el Estado en las cinco provincias que respondieron el pedido de acceso a la información. 

En ese punto subsiste la incógnita sobre las razones del incremento: ¿a partir de la actualización del Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación estas prácticas comenzaron a garantizarse más, hay mejor registro o simplemente hubo mayor demanda?

En la misma dirección, aumentó en un 735% la provisión nacional de Misoprostol a las provincias, en promedio. Se trata de la droga que se utiliza para hacer abortos de manera segura y ambulatoria hasta la semana 12. En 2019, muchas jurisdicciones no habían recibido ninguna dosis. Sin embargo, los datos relevados por 42 mesas y regionales de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito indican que no hay acceso pleno a la ILE: el 55% accede con dificultades y el 45% refiere que se ha complicado el acceso durante la pandemia.

“Las causales las sabemos, pero las que a veces no la saben son las mujeres”, afirmó Marta Alanis, integrate de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Advierte que el Misoprostol está en los centros municipales de atención primaria y en las guardias de los hospitales públicos, pero depende de la voluntad del médico en que se garantice el derecho o no. “Todavía hay que acompañar a las mujeres a que ejerzan ese derecho. La ley -de Interrupción Voluntaria del Embarazo- está para que la mujer pueda decidir por su cuenta, no que tenga que invocar una causal, sabrá ella cuáles son sus causales”, sostuvo.

El protocolo actualizado en diciembre de 2019 tiene precisas instrucciones para un procedimiento rápido, aunque sólo catorce provincias se adhirieron a ese instrumento. En las demás, existen restricciones, o simplemente denegación. El Código Penal vigente desde 1921 establece cuáles son los abortos no punibles, y su alcance fue aclarado por el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2012.  Cada vez que se niega ese derecho a niñas, adolescentes y personas adultas, hay una urgencia: los embarazos no planificados se interrumpen de manera insegura fuera del sistema de salud, en el mejor de los casos acompañados por organizaciones como Socorristas en Red y en los peores, con métodos precarios que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres y personas gestantes.

El aporte de las socorristas a la salud sexual de las personas con capacidad de gestar tiene una dimensión importante si se tiene en cuenta que sólo entre mayo y junio acompañaron 6177 interrupciones de embarazo en todo el país. Estos acompañamientos fueron realizados en su gran mayoría por Socorristas en Red e incluyen también las acciones de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y otras organizaciones feministas.

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Cada derecho vulnerado se imprime sobre una historia personal y colectiva. En un país con 24 distritos de gran disparidad geográfica y social, las posibilidades dependen también, y sobre todo, de las políticas públicas que se implementan. 

Decididas a tener un mapa del acceso a esos derechos en un país extenso, heterogéneo y desigual, Chicas Poderosas convocó a 24 reporteras mujeres y LGTTBIQ+ de cada una de las provincias para contar historias de vulneraciones. En cada una de las 24 historias de esta investigación, la lucha por los derechos sexuales tiene carne y hueso. 

Las dificultades afectan a una parte muy importante de la población. Ese panorama general exige poner la lupa en algunas situaciones aún más invisibilizadas: masculinidades trans que requieren interrumpir embarazos, personas con discapacidad sin acceso a métodos anticonceptivos, tratamientos de VIH que no se continuaron por falta de provisión en los servicios de salud, violencia obstétrica en las cárceles, agentes de Salud que violentan a quien no habla su idioma, y que siguen expropiando a las mujeres de las decisiones sobre su parto. 

Cada protagonista atravesó un sufrimiento indebido. Hacerlos visibles es aportar en el camino para que los derechos contemplados en las leyes -y los que faltan legislar- se ejerzan.