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Reportaje: Belén Da Costa
Ilustración: Amparo Guindon
Lucrecia vivió un parto poco respetado durante la pandemia, en una clínica privada de la capital de Corrientes. El dolor se convirtió en una fuerza para denunciar.
Son las tres de la mañana y Lucrecia entra con dificultad a una clínica privada de Corrientes Capital. Las contracciones son cada vez más intensas. Su cuerpo sabe. Aunque es mamá primeriza, se ha informado lo suficiente para saber que es hora. Sin tapabocas y con su pareja Mariano, que la ayuda a controlar la respiración, avisa al personal médico que Julia está por llegar en plena pandemia.
Ya conoce la orden institucional: su amor Mariano no puede acompañarla ni verá nacer a su primera hija. Con el ruido del silencio de una clínica vacía, él queda detrás de una puerta y la ve irse a una sala a esperar al médico de guardia. La obligan a sentarse, incluso cuando es lo que menos quiere. Necesita caminar hacia adelante para calmar el dolor de las contracciones.
Después de respirar y recordar los consejos que su doula le dio en aquellas capacitaciones virtuales, la hacen pasar a una sala. El médico llega justo a mitad de la madrugada a atenderla. Es hora de que “le hagan tacto” para descubrir en qué situación de parto está. Lucre le afirma al doctor que es pre-parto. Es lo más fuerte que sintió en su vida. Las hormonas están haciendo una fiesta en su cuerpo. Ya comienza a perder la razón.
Mientras la revisan, llegan los formularios. Tres o cuatro documentos. No sabe qué dicen porque no puede leerlos. No está en condiciones e igual los firma. Después recordará que preguntaban por los síntomas de la COVID-19 y exigían un pago de cinco mil pesos por algo de la obra social. Se lo pedían cuando su única preocupación era traer a Julia a este mundo. Exigían su firma cuando no podía más del dolor y esa... es la tarea del acompañante.
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“El coronavirus no es excusa para parir sin nuestrx acompañante” es la petición de change.org que superó las mil firmas y está dirigida al Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes y de la Nación Argentina. Los testimonios generan escalofríos: “En Corrientes, desde mayo las mujeres estamos pariendo solas, despojadas de los derechos adquiridos en la Ley Nacional 25.929".
“La ley ya no se cumplía, pero con la pandemia se recrudeció y los poquísimos derechos que se estaban cumpliendo, como el del acompañante, se vulneraron tremendamente”
La Ley sobre Parto Humanizado fue sancionada en 2004 pero Corrientes adhirió en 2012 con dos simples artículos de adhiérase y comuníquese. “Cualquier legista te va a decir que está hecha así para que no se cumpla”, afirma Sandra Azcona, primera doula de la capital correntina y militante del parto humanizado. Acaricia su panza embarazada y cierra los ojos para no enfurecerse. Asegura que si la ley provincial no está debidamente reglamentada, y no establece qué organismo tiene que velar por el cumplimiento, las denuncias caen.
“La ley ya no se cumplía, pero con la pandemia se recrudeció y los poquísimos derechos que se estaban cumpliendo, como el del acompañante, se vulneraron tremendamente”, afirma y cuenta que la violencia en el sistema público de salud es todavía más cruel. “En el ámbito público las mujeres no se erigen como sujetas de derechos”, dice y afirma que la infantilización, el maltrato, la falta de consentimiento y la idea de cama caliente priman. Mientras, en las clínicas privadas la atención es “amable” pero dolorosa.
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Después de firmar los documentos temblando, a Lucrecia la acostaron en una camilla. Los 15 minutos más largos de su vida. En esa posición, la sensación no cesaba. “Yo estaba sola, no sabía qué pasaba. En ningún momento me dijeron qué significaba, o permiso voy a tocarte la panza para saber si estás en trabajo de parto”, contaría más adelante reviviendo el momento con voz entrecortada.
Mientras golpeaba la pared de dolor, le dijeron: "tenés el cuello del útero borrado pero cero dilatación, andá a tu casa y volvé más tarde”. Su mundo se caía, se sentía más sola que nunca y desprotegida. Sintió que lo que en realidad ese doctor quería decir era que todo lo que había hecho hasta ahora, no sirvió.
Al volver a casa, rompió bolsa. Pasadas las tres y media de la mañana volvió a la clínica. De nuevo Mariano quedaría detrás de la puerta ¿La razón? Se la habían dado unas semanas antes cuando consultó por qué pariría sin su acompañante: las dimensiones de la sala de parto eran muy chicas. Así ignoraron las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación que establecía que los centros de salud debían adaptarse para cumplir ese derecho.
El desborde hormonal no la dejaba caminar y no le quedó otra que ser llevada en silla de ruedas a la sala de parto. Julia estaba insistiendo en venir a este mundo y Lucrecia sufrió el primer pujo. Se arqueó en la silla con un alarido. La enfermera sacó con violencia sus piernas de los estribos de la silla. Su cabeza encendió una alarma que decía “¡eu, estás en peligro!”. Se desconcentró tanto que dificultó los pujos que siguieron. Derivó en una episiotomía, una pequeña intervención que ensancha la abertura de la vagina durante el parto con un corte entre la vagina y el ano. Por esa intervención, tuvo otras más. Después dirá con firmeza que no le hubieran hecho eso, y todo lo que siguió, si Mariano hubiera estado con ella.
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Una salida colectiva
En abril, un grupo de mujeres se autoconvocó para ver qué podían hacer con los hechos de violencia obstétrica. Denunciantes, doulas, trabajadoras sociales y comunicadoras se reunieron y presentaron documentos, entre ellos el petitorio de change.org, con más de mil firmas, denunciando los derechos vulnerados en las clínicas privadas. Lucre fue una de ellas y su doula, Mónica, la ayudó en el proceso. La protegió y orientó para que tome una decisión autónoma en cada paso. Así fue como la salida colectiva visibilizó una realidad “tan correntina que duele”.
El Pedido de Acceso a la Información Pública al Ministerio de Salud provincial no fue respondido argumentando que no era “una prioridad”.
Juntas crearon lo que ellas llamaron un “recursero” con distintos caminos a seguir para denunciar la violencia obstétrica y prevenir a las mujeres que iban a parir pronto. Las opciones eran múltiples, pero la principal consistía en denunciar los casos ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
El 15 de ese mes, el Ministerio de Salud de la Nación publicó las Recomendaciones para la Atención de Embarazadas y Recién Nacidos en Contexto de Pandemia, donde, entre otras cosas, especifica que cada institución debe seguir brindando asistencia a las personas gestantes y adecuar sus instalaciones para parir acompañadas. Así fue como, teniendo como horizonte el cumplimiento de este documento, este grupo de mujeres creó una nota con el marco legal para que las personas gestantes se presenten a la institución y reciban un porqué a la vulneración de sus derechos.
“A las que antes de su parto intentaron hacer algo, no les recibieron las notas”, dice Sandra Azcona refiriéndose a la clínica ubicada en pleno centro capitalino. Ante la pregunta de qué respuestas le dieron a esas mujeres, clava sus ojos al techo y responde “les decían: o te adaptas o parís en otro lado”. Y así fue como decenas de mujeres no tuvieron otra opción que perder sus derechos.
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Para Lucrecia, todo lo que pasaba era una contradicción. En la sala de parto recordaba que cuando ingresó a la clínica, lo hizo sin barbijo. Y en el cuarto, en esas 28 horas de trabajo, Mariano y ella estaban sin el tapabocas. Pero en esa sala de parto, donde apenas veía a las personas, el protocolo se aplicó a rajatabla y le colocaron un barbijo y una cofia.
Después de tanto dolor y sufrimiento, Julia vino saludable a este mundo. Luego de la revisión del neonatólogo, se la entregaron, pero ella pidió por favor que la lleven con su marido. No podía con ella. Sentía que sus brazos no la soportaban, estaba débil. Así fue como la envolvieron y entregaron –por fin– a su padre.
El dolor de sentirse sola, aún cuando Corrientes se encontraba en plena fase 5, las reuniones sociales abundaban y los bares estaban repletos, no lo quitará ni el tiempo.
Mientras, en la camilla, Lucrecia había dejado de sentirse en soledad porque había llegado su hija. Pero, cuando se la entregaron a Mariano ese gusto amargo volvió. Tumbada en la camilla escuchó un “Ay, estás toda sucia”. La estaban limpiando. Tiempo después dirá que no le interesaba que la dejen limpia, ella solo quería dormir y estar con su familia.
Después de ese episodio, la deshidratación, el cansancio y la pérdida de sangre empezaron a hacer efecto en su cuerpo. Tenía sed. Con los labios secos, pidió un vaso de agua que nunca llegó. Estuvo horas sin beber nada y en su mente pasaba un “un vaso de agua no se le niega a nadie”. Luego de llegar a su habitación fue cuando Mariano se dio cuenta y corrió al negocio más cercano a comprar una botella de agua.
Estos episodios fueron confusos para Lucre en ese momento. El dolor de tener su primera hija hizo que no tuviera la fortaleza para pelear por sus derechos. En el futuro dirá que para ella todas esas situaciones fueron muy duras y se sintió vulnerada. En el momento en el que más contención y cariño necesitaba, la empatía de quienes asistían la salud en esa clínica no existió.
Creía con firmeza que esa empatía habría existido si Mariano hubiera estado con ella. Mariano no hubiera permitido un trato como ese. Pensaba, ¿qué hubiese pasado si el parto se complicaba? Ella hubiera dicho “sí, haceme lo que quieras” con tal de calmar el dolor. Por suerte, no pasó. Pero el dolor de sentirse sola, aún cuando Corrientes se encontraba en plena fase 5, las reuniones sociales abundaban y los bares estaban repletos, no lo quitará ni el tiempo.
Con tristeza afirmará después:
– Supuestamente alegan que era un cuidado para mí, cuando en realidad se cuidan ellos mismos.
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Denuncias por el futuro
Sabina Bacalini es Delegada de la sede de Corrientes de INADI. Es mediodía y desde su casa, por Zoom, sintetiza qué pasó con los casos de violencia obstétrica en Corrientes que el grupo de mujeres autoconvocadas denunciaron en el INADI. “Una sola clínica dio respuestas y dijeron 'nosotros cumplimos', afirma mientras choca sus manos con algún que otro anillo.
El objetivo de estas denuncias era claro: que ninguna mujer más pase por una situación similar. María Balbi, de Libres de Violencia Obstétrica, afirma que buscan “que las instituciones corrijan los comportamientos que están teniendo para que sean acordes a las leyes”.
Por eso, Sabina explica que están contempladas en Leyes Nacionales y Provinciales. El tema de la presencia de acompañantes está reglamentado en el Artículo 2 Inciso G de la Ley 25.929 de Parto Humanizado. “No nos basamos en nada que no sea que tienen que cumplir la ley”, dice y asegura que el reclamo a la clínica no es que las atiendan bien, es que respeten sus derechos.
Así, recuerda el Informe sobre Parto Respetado de INADI que define al parto humanizado: “es el derecho de todas las mujeres y personas gestantes a acceder a la atención del embarazo en el marco del respeto de los derechos humanos y en consonancia con las necesidades y deseos de la madre o persona gestante que atraviesa el parto.” Entonces, hablar es hablar de un parto cuidado y placentero. Sabina, con una pausa, marca la dureza de lo que dice: “En estos casos recibimos muchas consultas y pocas denuncias”.
El pitido de la videollamada resuena y explica que Inadi notificó a las clínicas sobre las denuncias.
El objetivo de estas denuncias era claro: que ninguna mujer más pase por una situación similar.
La respuesta fue que “cumplieron con todo, menos aquellas cuestiones que interferían con el Protocolo de la COVID-19 de la Institución”. Por eso, Bacalini considera que aunque se apliquen sanciones administrativas, es necesario alterar estas conductas a través del cambio cultural.
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La denuncia institucional no fue lo único que el grupo autoconvocado realizó para visibilizar el tema. Además, redactaron notas que junto al petitorio de change.org presentaron al municipio, Ministerio de Salud y gobierno provincial. No tuvieron respuestas pero sirvieron para incomodar a más de una autoridad.
“Me consta que una médica levantó el teléfono y se comunicó con una de las denunciantes y le aseguró que por su culpa no habrían más partos respetados”, asegura Sandra cuando relata cómo reaccionaron ante la presentación. Además, mientras abre sorprendida sus ojos, recuerda que luego de la presentación, una de las Clínicas comenzó a cobrar un “Kit COVID-19” de $3800 para permitir el ingreso de acompañantes a las salas de parto. No solo habían vulnerado derechos, ahora también los privatizaron.
Si hay algo en lo que concuerdan Sandra, Sabina, Lucre y María es que existe el compromiso en estas situaciones. Pero es el Estado quien tiene el rol de garantizar los derechos. Por eso Alicia Meixner, diputada por el Frente de Todos, es integrante de uno de los pocos sectores del Estado que tiene en cuenta la realidad. Asegura que Corrientes tiene uno de los sistemas de salud más precarios del país y hay centenares de vulneraciones a los derechos de las mujeres.
“Por la pandemia todas estas situaciones se potenciaron muchísimo más”, afirma. Por eso, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados solicitando al Ministerio de Salud de la Provincia la adhesión al Protocolo Nacional de Julio de 2020 e informes sobre las leyes que velan por los derechos. Dice con dolor que los proyectos no tuvieron respuestas y fueron enviados directamente a la comisión de Salud Pública, aun cuando son temas de “solución urgente”. Pero está comprometida y segura que seguirá trabajando, involucrando a la ciudadanía, familias y especialistas para que se garantice cada uno de los derechos en torno al parto humanizado.
En el período marzo-mayo de 2020, el Ministerio de Salud de la Nación entregó a la provincia de Corrientes casi tres veces menos preservativos que en 2019. Sin embargo, hubo un aumento en la distribución de anticonceptivos hormonales del 71% y se comenzó a distribuir el método DIU.
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Luego de volver a casa con Julia en los brazos, Lucrecia estaba dolida por todo lo que pasó en la clínica. Aunque supo que iba a parir sola, le dolió atravesar por todo eso y que Mariano no pudiera ver nacer a su pequeña. Un embarazo que atravesaron entre dos. Y aunque ella puso el cuerpo, Mariano también se preparó para ser padre. Por eso, sacaron fortaleza de lo más profundo y la pelearon.
Aunque sigue a la espera de una respuesta, cree que la denuncia ante los organismos era necesaria. Necesaria para visibilizar algo que pasó siempre y que la pandemia obstaculiza más. “Siento que para la sociedad correntina soy una loca que se tiene que callar para verse más bonita”, dice con firmeza. Pero también, sabe que no es así y hay que animarse a romper con el cerco cultural, perder el miedo.
Lucre tiene temor porque quiere seguir teniendo hijes y parir bien en algún lugar de Corrientes. Entiende que vive en una provincia complicada y que todavía falta mucho por hacer. Cree que ninguna de las mujeres vulneradas están erradas y tienen el derecho de pasar lo mejor posible su parto. Por eso, aunque las mujeres sigan pariendo solas en la capital de la provincia de Corrientes, confía en el cambio que se acerca y tiene esperanzas.