En Misiones es necesaria la adhesión al protocolo nacional de ILE 2019, para contar con un marco legal actualizado, y un mayor presupuesto.

Misiones es una provincia transfronteriza de más de 1 millón 200 mil habitantes. En medio de la pandemia por la COVID-19, mientras toda la población estaba aprendiendo cómo cuidarse ante este virus que llegó para cambiarlo todo, su capital, la ciudad de Posadas quedó en absoluto silencio, desolada, con sus calles ardientes y el río Paraná descansando en cada oleaje. Es la misma soledad que atraviesan muchas mujeres y disidencias misioneras, ante la necesidad de realizarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Ela es una de las mujeres que estaba en su casa con miedo, en absoluta soledad, angustiada, preocupada, en shock y sin trabajo. Tratando de cuidar su vida y su libertad de decidir.

La provincia de Misiones no cuenta con la adhesión al protocolo ILE actualizado en 2019.

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De repente, en medio de la siesta misionera del 17 de abril, en contexto de aislamiento obligatorio, me llega un mensaje de un número desconocido. Me dice que necesitaba ayuda. 

Su nombre es Ela, suena preocupada, nerviosa, con la voz entrecortada, pero a su vez segura. Me cuenta que está embarazada, sin recursos, con un hijo, y que quiere acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). 

No sé bien quién le dio mi número, pero tampoco me sorprendió. En Misiones, es normal que ya se conozcan los contactos de las personas que trabajan en la temática y circulan de boca en boca. Soy activista, siempre estoy en las intervenciones de la Plaza 9 de julio, entonces me llegan casos de este estilo y muchos otros. Siempre vamos tejiendo redes para ayudar a nuestras mujeres y disidencias.

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Ela ya se había contactado con las socorristas –los grupos de feministas organizadas que acompañan a mujeres que desean interrumpir sus embarazos–, quienes también le dijeron que se comunicara con salud pública al 0800. La provincia de Misiones no cuenta con la adhesión al protocolo ILE  actualizado, y la pandemia no hizo las cosas más fáciles. Se sentía desesperada, las clínicas se cerraban o solo atendían “emergencias”, las posibilidades de atenderse con su obstetra y de hacerse ecografías iban desapareciendo minuto a minuto. No sabía para donde correr.  

Desde Socorristas en Red explicaron: “Somos feministas que abortamos y acompañamos en sus proceso de abortos medicamentosos a todas las mujeres y personas e identidades con la capacidad de abortar que así lo deciden. En esta pandemia hemos enfocado mucho nuestros esfuerzos en los acompañamientos de los procesos de ILE en el sistema de salud público. Durante la cuarentena, los acompañamientos a través de la línea nacional 0800 de salud sexual y reproductiva han aumentado. Quienes tengan necesidad de abortar pueden acceder a una ILE llamando a este número y a partir de ahí se genera un circuito cerrado. A través del teléfono, le dan los turnos para comunicarse y acceder a la consulta en algún centro atención primaria de la salud (CAPS) y hospitales donde haya un equipo de ILE”.

Se han creado redes para cuidar la salud. En este caso, entre las socorristas, salud pública y las organizaciones, se busca que las mujeres misioneras puedan acceder a más derechos y menos condenas, porque hay que hablar con la verdad, el aborto es una práctica que existe y existió siempre, que el Estado decide ignorar y, en el peor de los casos, perseguir. 

Allí comienza mi intervención, como nexo para ayudar ante las obstaculizaciones que se le iban presentando a Ela. Me comunico con salud pública, les paso su pedido y me dicen que están al tanto y que efectivamente se habría de realizar. 

“El 0800-222-3444 es una herramienta que estuvo al alcance de las usuarias para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. El año pasado hemos tenido 41 secuencias que fueron resueltas y este año, desde el 1° de enero hasta la fecha, hemos tenido 268 secuencias en la provincia. De estas 268, algunas fueron por métodos, otras por tratamiento de hormonización, otras por tema de consejerías”, explicó la referente del Programa Provincial de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de Misiones, Norma Miño.

 “En la primera oportunidad que me comuniqué al 0800, estaba en una crisis, no me supieron asesorar y no me tomaron bien los datos”, cuenta primero Ela. Para cuando el Ministerio de Salud pública se volvió a contactar con ella,  ya había accedido a las pastillas de misoprostol.

Desde el Ministerio le dijeron que como su tipo de sangre es RH negativo, iba a tener que ponerse una inyección de gammaglobulina y hacerse una ecografía en el hospital de Fátima. Ella les informó que ya había accedido a las pastillas y que solo se haría la parte de la inyección en el hospital. Esa pieza de información, clave para su salud, la ayudó y se enmarca en lo que se llama “cuidados en torno al aborto”. No es una práctica de ILE porque Ela accedió al misoprostol por sus propios medios, aunque la causal de afectación de la salud, entendida como el completo bienestar físico, mental y social se hubiera podido aplicar en el caso de la ILE. En ese caso, en el sistema de salud se evalúa la situación y ella firma un consentimiento informado.

La ginecóloga Cecilia Rosés, especialista en el tema, explica que “toda mujer Rh negativa, después de un evento obstétrico como un parto, cesárea o un aborto, necesita aplicarse gammaglobulina, porque de lo contrario puede afectar otros embarazos futuros con patologías asociadas a malformaciones congénitas”.

La mayoría de las ILE a las que acceden las mujeres y personas gestantes de Misiones están dentro la causal salud, explicó Rosés, entendiendo dentro de ella cualquier situación que ponga en riesgo la salud psíquica, física o social de la persona, por ejemplo las cuestiones socioeconómicas, si hay riesgo para la salud desde el punto de vista psicológico. “Por ejemplo, las violencias de cualquier tipo, pueden ser una causal de salud”, aseguró  la médica.

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“La interrupción la realicé a través de las compañeras socorristas, en articulación con salud pública, pero después tuve que ir al hospital Fátima y ahí me derivaron al hospital Madariaga con un pedido de la inyección gammaglobulina, por tener sangre Rh negativo. Allí, me hacen una ecografía  y me ponen la inyección, tuve miedo”, cuenta Ela.

“Las médicas que me atendieron en el hospital de Fátima tienen toda la sensibilidad. Pero están limitadas porque, si de arriba no implementan políticas públicas reales al respecto, están muy lindas las instituciones, pero si no se ejecuta debidamente queda todo  ahí. La institución está, pero la acción concreta no”, explica. 

Aunque Ela tenía información y finalmente logró acceder a un aborto seguro, tenía miedo y estaba angustiada, porque con la pandemia se complicaba cada vez más el tránsito de personas, los negocios cerraban, hasta ir a una farmacia era complicado. Su temor era sufrir más obstáculos de acceso y movilidad. Tampoco tenía dinero como para tomarse un taxi hasta los lugares a los que tenía que ir para hacerse los estudios. Ella afrontó la interrupción sola junto a su hijo.

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Obstáculos durante la pandemia

Rosés trabajó en el hospital de Fátima, allí se encargó de las consejerías en salud sexual y reproductiva. Según su página oficial, son espacios de asesoramiento personalizado, de encuentro entre integrantes del equipo de salud y personas usuarias del sistema, que tienen como objetivo principal fortalecer la autonomía de las personas para la toma de decisiones sobre su propia salud sexual y salud reproductiva de la manera más consciente e informada posible. 

“Por una cuestión de organización atendemos hasta las 12 semanas, en esos casos efectuamos tratamientos ambulatorios, y después de las 12 semanas, va al hospital central Madariaga”, contó respecto a los meses de pandemia.

Sin embargo, tanto las Socorristas como la ginecóloga coincidieron en que el obstáculo principal para una buena consejería de control en este contexto sanitario es el difícil acceso a una ecografía. Ya sea para confirmar la cantidad de semanas previas o para el control posterior, debido a que en medio de la fase 1, la comunidad no estaba autorizada a circular, y en el caso de arriesgarse a hacerlo, los medios de movilidad disponibles eran escasos ya que entonces no funcionaba el transporte público, solo los taxis. Ela no tenía dinero para pagarlo. 

“Las trabas más grandes que tienen las mujeres y las personas con capacidades de abortar en el contexto de pandemia, es que no tienen conocimiento de la línea 0800. Es muy difícil acceder a la información. La otra dificultad más grande en toda la provincia, sobre todo en las zonas rurales es hacerse una ecografía”, agregaron las Socorristas.

Pero no todo fue negativo. Norma Miño opinó que “fue muy innovador el uso de la tecnología, la virtualidad y los sistemas digitalizados" durante la pandemia. "Creo que lo más importante es la posibilidad de que éstos se puedan extender a toda la provincia”, consideró.

“El tema es que hay que contar con los recursos, el presupuesto y los recursos humanos capacitados. El problema justamente es que nuestro programa provincial es unipersonal y que no tenemos presupuesto. Entonces, una sola persona tiene que gestionar, capacitar, monitorear, supervisar, llevar adelante la atención y la verdad que resulta a veces desgastante y es un poco por eso que se debilitan los programas provinciales”, sopesó Miño.

La resolución ministerial de aborto no punible N° 3378 de Misiones es del año 2013. Rosés opinó al respecto que la adhesión al protocolo actualizado es necesaria.

Misiones en números

El nordeste argentino (NEA) es una de las regiones con mayores barreras de acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Misiones tiene una de las tasas de fecundidad más altas del país: 72,98 nacidos vivos por cada 1000 mujeres de entre 15 a 49 años, según los Informes Estadísticos Estimación de Población 2019 de la provincia.  

En 2019, en Misiones nacieron 177 bebés con madres niñas que no superan los 14 años, esto es, un bebé cada dos días aproximadamente. La mayoría nacieron en los departamentos Capital (22), El Dorado (20), Oberá (17) e Iguazú (26) donde, según el Ministerio de Salud Pública provincial, se concentran las acciones del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). Por otro lado, nacieron 4.017 bebés de madres que tienen entre 15 y 19 años. 

En Misiones hay una tasa de natalidad de 18,55 nacidos vivos por cada 1000 habitantes, según datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, que elabora la Dirección de Programación y Planificación de esa cartera.

En los hospitales públicos de la Argentina se produjeron, sólo en 2016, 39.025 internaciones por aborto en un año. Para tener una idea de lo que significa ese número: en el mismo lapso, hubo 6.364 por cáncer de mama y 4.732 por cáncer de útero. 

En la provincia de Misiones hay 1285 internaciones por abortos al año, según el último informe de la Dirección de estadísticas e información de la salud (2016).

El Ministerio de Salud de la Nación publicó en diciembre de 2019 la última edición del protocolo para el acceso a la interrupción legal del embarazo en el Boletín Oficial, prevista desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal Argentino. Esta actualización favorece la aplicación de la normativa vigente, que permite el aborto en casos de violación o de peligro para la vida o la salud de la mujer. Misiones se encuentra entre las provincias que todavía deben adecuar su normativa contemplando el estándar normativo del Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia y el Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación 2019.

La resolución ministerial de aborto no punible N° 3378 de Misiones es del año 2013.

Rosés opinó al respecto que “la adhesión al protocolo nacional es necesaria. Misiones  tiene un decreto desde el 2013 pero nunca terminó su proceso de habilitación. Misiones se adhiere, por lo que dice el Código Penal, pero no tiene su propio protocolo.  Hay que conformar equipos, seguir capacitando y tener personal empático que pueda dar respuesta a esta temática, y sobre todo tener acceso a la medicación”. Norma Miño también hizo  hincapié en la necesidad de la adhesión al protocolo nacional del 2019. 

Se puede evitar

Ela aprendió a tejer redes para cuidar su salud y también la de otras personas que están en esta misma situación. Desde el miedo, y la soledad profunda de la clandestinidad, pudo transformar ese sentimiento en acción  y convertirse en replicadora para ayudar a otras mujeres a no estar solas, desinformadas y, sobre todo, a cuidar de su salud en libertad. 

“Después de esta situación, dos amigas pasaron por lo mismo, una vino desde Aristóbulo del Valle a Posadas, a 350 km de distancia. Hago mención de esto por lo que le cuesta trasladarse. Se quedó en casa todo el tiempo, buscando acompañamiento”, cuenta. 

La historia de Ela es la de muchas mujeres anónimas, que no tienen la posibilidad de saber qué podrían hacer ante esta situación. Mujeres que el Estado no reconoce, que no se registran. Son posibles internaciones y hasta muertes, que podrían y pueden evitarse.

La adhesión al protocolo nacional de ILE 2019 junto a la implementación de políticas públicas reales que destinen un presupuesto económico autónomo para el área, que implique un trabajo interdisciplinario, con equipos capacitados, y la efectiva implementación de la ley de Educación Sexual integral permitirá que las mujeres no se sientan solas, garantizará el acceso a la información y disminuirá los riesgos.  No solo la pandemia aísla a las mujeres y personas gestantes misioneras sino la falta de políticas reales. La falta de igualdad y justicia, están antes del aislamiento obligatorio. Se necesitan  derechos y políticas públicas, que respalden la vida y la libertad de las mujeres misioneras.