El acceso de la población a derechos sexuales y reproductivos es el eje del trabajo de profesionales de la salud que, lejos de trabajar con el paradigma de la enfermedad, se enfocan en la autonomía y las decisiones de las personas.

Mientras en la virtualidad circulaba la humorada “La Pampa no existe” – un tweet lanzó esa frase porque durante 65 días esta provincia de 143 mil kilómetros cuadrados no tuvo diagnósticos positivos de la COVID-19 –, lo cierto es que desde que comenzó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), los derechos sexuales y reproductivos son reales y continúan vigentes.

“Ser médica es para acompañar el proceso de la vida”, considera Pilar Galende, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y del Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “La idea es que la salud no solo es la ausencia de enfermedades, sino que es la posibilidad de un recurso para vivir”, detalla. Pilar es médica generalista, graduada en la Universidad de Buenos Aires y hace diez años trabaja en un Centro de Salud barrial de la ciudad de Santa Rosa. Su trabajo integra el modelo de consejería.

El personal de salud desarrolla los vínculos con las personas para que el acceso a los derechos sea garantizado por el sistema público. En cada consulta es posible encontrar diferentes modelos de atención, que pueden responder al modelo tradicional o al de consejería.

La atención tradicional está centrada en el aspecto biológico, por lo que las consultas organizan y estructuran la asistencia desde aquello que cada profesional aprendió y fue construyendo a lo largo de su experiencia. De esa forma, si bien la dimensión social es considerada una variable que tiene efecto sobre el estado de salud de las personas, se excluye la dimensión subjetiva, y eso deja por fuera del espacio de consulta los deseos, los temores, las inquietudes y los saberes de las personas.

“Hemos mantenido muchas consultas, no sé si se han incrementado. Conocemos las estadísticas provinciales que se publican. Sabemos que hubo más de cien acompañamientos de interrupción dentro del sistema público. No se discontinuó la oferta de métodos anticonceptivos. Y eso es un trabajo sostenido por los equipos profesionales”, reflexiona.

Según el Ministerio de Salud de la Nación (2014) las consejerías son espacios de promoción y educación que exceden el marco de la enfermedad, y que tienen como objetivo principal fortalecer la autonomía de las personas para que tomen decisiones sobre su propia salud.

“En este espacio se valora y desarrolla el principio de autonomía. En esto, que es un encuentro, un momento de conversación, de brindar la transparencia activa que implica ofrecer toda la información de la que disponemos como profesionales de la salud”, esa es la convicción de Pilar.

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En el contexto de la pandemia, según comenta, se defendieron y sostuvieron aquellos dispositivos que lograron construir en conjunto con las personas y en apropiación de las redes comunitarias que existen. “Lo pensamos para abrir las barreras habituales que tienen los sistemas de salud, en términos de accesibilidad a los turnos, de manera de generar un espacio que fuera solamente a demanda. Y la verdad que lo interesante de estos espacios, al habilitarlos, es que las mismas personas los van sintiendo como propios y se va haciendo de boca en boca un lugar amigable donde se puede acudir”, describe Pilar.

La médica reafirma que no hay excusas para dejar de garantizar derechos. “La verdad es que también desde las instancias de la gestión a nivel nacional y provincial ha habido una política muy clara de que los derechos no están en cuarentena", admite y se centra en las decisiones reproductivas y vinculadas a la sexualidad. A partir de ahí, cree en la necesidad de sostener estos espacios, para garantizar la accesibilidad a anticoncepción, prevención de infecciones de transmisión sexual, causales y acceso a la interrupción legal del embarazo, reducción de riesgos y daños en situaciones de embarazos no intencionales, tratamientos, recursos y prácticas de cuidado para el ejercicio de una sexualidad libre y plena.

“Me identifico con la idea de acompañar el proceso vital que implica la salud, estando en el territorio, donde las personas llevan adelante sus vidas, sus cotidianidades. Creo que esa es la potencia del trabajo en atención primaria. Y en ese sentido, a la salud no la damos como servicio sino que la construimos desde la comunidad, desde las instituciones que también articulamos en los territorios. Ser médica es para acompañar el proceso de la vida”, continúa Pilar.

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El derecho a vivir la identidad de género y la orientación sexual libremente es otra de las prioridades que hacen a la salud sexual y reproductiva. A través del concepto de enfoque de género y diversidad, los espacios de consulta reconocen que el ejercicio de los derechos no es igual para todas las personas, pues existen condiciones de desigualdad social originadas por la existencia de diversas relaciones de poder y la persistencia de prejuicios y mandatos sociales, que se basan en la lógica patriarcal, heteronormativa y el pensamiento binario. Estas desigualdades están naturalizadas y dejan en situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres y personas identificadas con el colectivo LGTTBIQ+.

En algunas ocasiones, las organizaciones civiles cumplen un rol de acompañantes previo a que las personas accedan a las instituciones médicas. Lázaro es referente de la organización civil Hombres Trans La Pampa y al hablar sobre el acceso a derechos destaca el trato digno, acorde a la Ley de Identidad de Género, que debe integrar una consulta médica: “(Durante los días de restricción por el ASPO) lo que hicimos fue más que nada informar sobre tratamientos y qué centros de salud están disponibles para empezarlos. Al tratarse de personas adultas, se dirigen solas a solicitar los turnos. Y a veces hace falta el apoyo del entorno para iniciarlos”.

Lázaro reconoce que se avanzó en la actualización de profesionales para abordar consultas vinculadas a la identidad de género. El primer intercambio con profesionales de la salud conlleva expectativas. Si respeta la identidad de género autopercibida, si cuenta con conocimientos adecuados o actualizados para abordar la consulta, si hay empatía o maneja cierta discreción, en aquellas historias donde es necesario hacer una derivación o trabajar en equipo.

La mediación entre los derechos de las personas usuarias del servicio de salud y su ejercicio concreto es el personal de salud. Marisa Mota es obstetra y considera que primero el Estado debe garantizar el derecho de las personas LGTTBIQ+ y luego quienes trabajan en salud vienen a implementar estas políticas, a partir del trato digno y una atención integral. En el área de salud sexual y reproductiva, los equipos profesionales son interdisciplinarios, profesionales de la psicología, del trabajo social, de diferentes especializaciones de medicina y obstetras. Después de recibirse, Marisa comenzó a trabajar en salud privada, junto a especialistas en ginecología, en la atención del parto y desde hace treinta y siete años se dedica “exclusivamente” a la salud pública, en el Hospital Lucio Molas. 

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En los últimos meses, describe Marisa, la pandemia “vino a poner patas para arriba todo y un poco también el sistema de salud. Al hospital hubo que recrearlo, más para seguir atendiendo cuestiones que hacían a los distintos controles (rutinarios). En el ámbito de la salud sexual y reproductiva estuvo garantizada la atención. Y en ese sentido, hubo consultas en guardias, con respecto a dudas sobre embarazos por parte de adolescentes”, aclara. 

Desde su propia experiencia, Pilar plantea que hubo otras barreras ajenas a los servicios de salud, que se sintieron en algunos territorios, como las restricciones a la circulación. “A partir de allí, creo que se hizo un trabajo intersectorial. Por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad gestionó políticas hacia (el Ministerio de) Salud, para que las personas puedan acceder a un turno – en el caso de la ILE u otra prestación de salud sexual y reproductiva–, sin que su circulación sea restringida”, subraya y opina que se realizó un trabajo “muy fuerte” para explicar a la población que se trata de derechos y que deben estar garantizados por todos los Estados, porque no acceder en tiempo y forma a estos métodos tiene consecuencias sobre la salud de forma integral. También sobre la salud mental, en el caso de llevar adelante un embarazo forzado.

“Personalmente – enfatiza Pilar – hubo mucha claridad en que esto es una prioridad. Por supuesto,  nadie niega que hubo dificultades, pero se avanzó mucho y todo el recorrido que se viene haciendo desde hace años permitió que al menos en este contexto tan difícil y complejo que es la pandemia, el acceso a derechos no se haya visto tan afectado.”

Estas experiencias de las personas que requieren acceder a sus derechos tienen otra inscripción en el Estado, que son las estadísticas. El Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa cumplió con su obligación de facilitar el acceso a información pública solicitada para el período marzo-abril-mayo de 2020, desde que comenzó el ASPO. Durante marzo se registraron 47 interrupciones legales de embarazo, en abril 80 y en mayo 76. En marzo no se registraron partos de niñas y adolescentes menores de 15 años, aunque se inscribieron 3 en abril y 4 en mayo.

La vida no se detiene, y los nacimientos tampoco. Entre el sistema público y el privado, hubo 196 partos en marzo, 259 en abril y 207 en mayo de mujeres de todas las edades.

Según el Ministerio de Salud de La Pampa, entre abril y mayo de 2020 se notificaron 7 embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años. En cuanto al total de nacidos vivos de mujeres de todas las edades, se contabilizaron 662.

Avances y urgencias

A partir del Fallo F.A.L. (Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, 2012), en La Pampa se implementó el Protocolo ILE, mediante la Resolución Ministerial 656/12. Luego, en el año 2018, esta resolución se modificó porque solo se podían hacer intervenciones en hospitales de alta complejidad. Entonces, los centros de salud quedaban excluidos de brindar el tratamiento.

“A partir de la presentación de la Guía Provincial para la atención integral de las personas con derecho a la ILE, en 2018 se comenzó a realizar en todos los lugares de la provincia”, afirmó Marisa Mota. En ese momento, particularmente en el Hospital Lucio Molas, se creó un equipo interdisciplinario conformado por especialistas en tocoginecología, así como profesionales del trabajo social y de la psicología, para abordar el caso particular de cada persona que requiera una interrupción bajo las causales vigentes.

“Soy de la generación en la que veíamos mujeres morir por realizarse un aborto clandestino. El aborto siempre estuvo. Yo creo que (el reclamo por el aborto legal) vino a ponerle luz a un tema que ha existido siempre y que haya una Ley (de Interrupción Voluntaria del Embarazo) permitiría que deje de ser un negocio para ser un tema de salud”, afirma Marisa.

“Me da pena también – sigue – que existiendo un Programa provincial de Salud Sexual y Procreación Responsable, haya que acceder a una ILE. Los métodos anticonceptivos pueden fallar, pero hemos tenido años para informar a las personas sobre cómo evitar un embarazo no buscado”, dice Marisa y trae la importancia de garantizar la Educación Sexual Integral en las escuelas, en todos los niveles. En La Pampa se creó el Programa provincial de ESI en 2010. “Los padres se niegan mucho, pero creo que es importante que ellos mismos sepan que uno no se va a los extremos cuando forma. Uno debe formar dando toda la información y sobre todo darle a la persona el poder de decidir qué hacer”, comenta. 

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De autonomía y decisiones se trata la salud sexual y reproductiva. Como integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Pilar vive de cerca el recorrido de la provincia y del país. Y coincide en que hubo un crecimiento por parte de los servicios de salud, a partir del fallo F.A.L., de 2012, como un momento bisagra. En diciembre de 2019, el Gobierno Nacional actualizó por resolución ministerial el protocolo para el abordaje de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Sin embargo, Pilar resalta la profunda inequidad que continúa dándose sobre el total de las provincias, porque si bien La Pampa adhirió a ese protocolo, muchas otras no lo hicieron, ni tienen normativas propias acordes al mandato judicial.

En La Pampa, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir integra 32 espacios, abarcando 12 localidades, para acompañar a personas gestantes. 

El pedido de tratamiento y sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) converge en el derecho de todas estas personas a decidir sobre sus cuerpos. Sobre la urgencia del reclamo, Lázaro aporta: “Quienes no decidimos gestar y tenemos un cuerpo masculino somos doblemente violentades porque por un lado algunas personas no entienden cómo un hombre puede estar embarazado. Incluso cuando se trata de una decisión propia, el gestar. También, muchas veces no es solo el hecho de procesar psicológicamente el cambio físico de nuestro cuerpo, sino que puede ocurrir que varones trans no cuenten con recursos para enfrentar la crianza de une hije. A causa de la ausencia de trabajo o por falta de apoyo del entorno”.

En el marco legal vigente se permitió al personal de salud avanzar, pero de todos modos es necesario el reconocimiento del Estado a la autonomía y la soberanía de las personas sobre los propios cuerpos, sobre las decisiones que hacen a la intimidad, a la sexualidad y a la reproducción. Además, las inequidades se reproducen y las posibilidades de acceder a un servicio seguro de aborto se vuelve muy desigual.

Como trabajadora de la salud, Pilar lo subraya, por experiencia y formación. “Sabemos que los costos sobre la salud y la vida terminan siendo sobre los cuerpos de mujeres pobres, de sectores vulnerables que no han tenido posibilidades ni al derecho al acceso ni al derecho a la información. Y esto es una realidad que Argentina debe modificar de forma urgente. El proyecto de IVE se presentó ocho veces y creo realmente que es una deuda de nuestra democracia con las mujeres, con las personas en capacidad de gestar, que no puede dilatarse. Es una cuestión de justicia, de equidad y sobre todo de respeto a la dignidad de la vida”, finaliza.