A Luciana le pusieron un método anticonceptivo sin darle información, ni alternativas. Desde entonces, lucha por ser escuchada por el sistema de salud riojano.

En el sur de la ciudad de La Rioja, cruzando la ruta nacional 38, zona histórica de fincas, prostíbulos y boliches, las calles de tierra conducen a Eduardo Menem, un barrio popular, de familias trabajadoras que se hacen desde abajo, que conocen de sueños y sacrificios. Allí vive Luciana, de 19 años. Hermana del medio de cinco hermanos que a los 18 decidió mudarse para vivir sola. 

“Aún soy chica y no estoy como para tener un bebé”, pensaba Luciana. Esa idea, que venía dando vueltas en su cabeza, fue la que la llevó el 5 de febrero de 2020 hasta la salita “Nancy Gallego” en búsqueda de un método anticonceptivo. Ella sabía que allí debían darle uno, pero desconocía que tenía el derecho a elegir el más adecuado para su cuerpo, el más acorde a sus necesidades, sin condicionamientos y con libertad absoluta.

“Aún soy chica y no estoy como para tener un bebé”, pensaba Luciana

Cuando fue atendida, sin mediar mucha explicación, le pusieron un implante subdérmico, uno de los métodos anticonceptivos de larga duración, que brinda protección durante tres años. Se trata de una pequeña varilla del tamaño de un fósforo que se coloca, con un poco de anestesia, debajo de la piel. El implante libera hormonas que previenen el embarazo. Es de los más efectivos y se provee de manera gratuita. “Sin embargo, siempre debe ser utilizado junto al preservativo para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS), al igual que cualquier otro método anticonceptivo”, aclara la médica de familia Analía Sack.

Luciana, que no estaba preparada para la intervención, se sintió angustiada. “Me dolió mucho. No esperaron ni siquiera que me hiciera efecto la anestesia y me lo pusieron igual”, recuerda. Sin muchas alternativas y sin información, quedó desamparada frente al sistema sanitario. El recibir información sobre los diferentes métodos anticonceptivos, decidir libremente qué opción utilizar y acceder gratuitamente a ellos son derechos reconocidos no sólo por la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, sino también por la Ley 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica, que además establece la obligatoriedad de las obras sociales y prepagas a garantizar el método anticonceptivo elegido por la persona.

Luciana tuvo que dejar la escuela secundaria a los 17 años y no tuvo Educación Sexual Integral (ESI). Por eso esperaba que, en la salita, el personal de salud la asesorara. El equipo médico tiene la obligación de brindar toda la información necesaria sobre los distintos métodos anticonceptivos, las especificidades de cada uno y su otorgamiento, para que cada persona pueda elegir cuál es el más adecuado para su cuerpo.

Luciana subraya que no le permitieron decidir. Desde entonces, algunos de los efectos secundarios del implante repercutieron negativamente en su salud física y emocional. En julio, cinco meses después de habérselo colocado, asistió al centro sanitario decidida a sacárselo. Sin embargo, al llegar a la salita, volvieron las evasivas del personal de salud. 

Aunque Luciana ya había evaluado bien las posibilidades y estaba segura de que ese método no era el adecuado para ella, tras algunas idas y vueltas, le aseguraron que no podían quitárselo. “Es muy costoso”, “sólo lo retiramos antes de los tres años si te viene mucho y todos los días” y “sos chica para embarazarte”, fueron algunos de los comentarios que hizo el personal médico.

Luciana se sintió completamente desamparada. El Código Civil vigente en Argentina reconoce que desde los 16 años las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo, pero ese día ella no sabía cómo lograr ser escuchada.

Su deseo, invisibilizado dos veces, se fue decolorando. Pero sin rendirse, buscó ayuda en sus amigas para ver si podía encontrar una solución. Ellas le recomendaron que fuera al centro de la ciudad y que buscara alguna clínica privada, para ver si al menos pagando, su voluntad podía cumplirse.

Después de recorrer algunos centros médicos se dio cuenta de que retirarlo de manera particular le costaría al menos unos 2 mil pesos. Aunque lo quisiera, no tenía ese dinero, por lo que eso dejó de ser una alternativa. 

En noviembre, faltan pocos días para cumplir los nueve meses desde que la obligaron a colocarse el implante subdérmico. Ella está preocupada porque nunca más menstruó y de hecho, en una oportunidad se realizó un test de embarazo por miedo. Aunque ese es uno de los efectos esperables del implante subdérmico, Luciana no lo sabía. Tampoco sabía que podía generarle aumentos de peso, acné y otras consecuencias que la llevaron a sentirse “muy incómoda” con su cuerpo. 

Hoy Luciana siente rechazo, bronca y no quiere tener un implante que nunca eligió. Se siente sola y abrumada, como si no tuviera voz.  Atravesada por el hartazgo, dice que tiene ganas de arrancárselo ella misma o de pedirle a alguien que lo haga. “No soporto ver cómo estoy ahora”, asegura.

El derecho a decidir un método anticonceptivo

Los métodos anticonceptivos son todos aquellos capaces de evitar o reducir las posibilidades de un embarazo. Es necesario utilizarlos desde la primera relación sexual y durante toda la vida fértil. Además, en el caso de los preservativos, previenen infecciones y enfermedades de transmisión sexual.

Todas las personas que habitan el suelo argentino tienen derecho a acceder gratuitamente a ellos, a recibir información sobre su uso, a optar por el que consideren más adecuado para cada cuerpo y a elegir en qué momento utilizarlos. En Argentina, los métodos anticonceptivos que están disponibles son el preservativo, las pastillas combinadas, las pastillas de una sola hormona, los anticonceptivos inyectables, la Anticoncepción de Emergencia (AHE); los de larga duración, como el Dispositivo Intrauterino (DIU) y el implante subdérmico; y los quirúrgicos como la ligadura tubaria y la vasectomía. 

Todas las personas que habitan el suelo argentino tienen derecho a acceder gratuitamente a los métodos anticonceptivos, a recibir información sobre su uso, a optar por el que consideren más adecuado para cada cuerpo y elegir en qué momento utilizarlos.

Sin embargo, cuando Luciana asistió al centro primario de salud no recibió información sobre el implante que le estaban colocando, desconocía sus efectos secundarios, como así también que tenía derecho a elegir el más adecuado entre diversas alternativas. A ella le negaron la posibilidad de elegir un método y tampoco le dieron información sobre el método que le estaban colocando.

Todos los métodos tienen aspectos positivos y efectos secundarios que dependerán siempre del tipo, duración y marca, pero además, de las características propias de cada persona. No sólo de su contextura física, sus antecedentes médicos y su predisposición a contraer ciertas enfermedades, sino de las condiciones generales que evaluará el personal médico a la hora de orientar a les pacientes. Ante todo, el mejor método anticonceptivo será aquel que elija la persona después de evaluar toda la información disponible.

Los derechos  sexuales y reproductivos 

Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos básicos. En Argentina están protegidos por Tratados Internacionales de Derechos Humanos, entre los que se destaca la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo, que en 1994 constituyó un punto de inflexión en el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Su Programa de Acción define la salud reproductiva como “un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”. Establece que “la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”.

Siguiendo estos lineamientos, al imponer un método anticonceptivo a Luciana, le impidieron disfrutar de su salud reproductiva, ya que le generaron consecuencias emocionales y sociales, que repercutieron directamente en su  aceptación, autoestima y estado de ánimo, afectando integralmente su bienestar físico, mental y social; y consecuentemente también vulneraron su derecho al placer. Ella se sintió desprotegida y ultrajada por un sistema sanitario que decidió sobre su cuerpo e invisibilizó su deseo, reduciéndola a un objeto sin voz, sin decisión.

“La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”, Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo (1994).

Además, existe legislación nacional que protege y reglamenta estos derechos, como la Ley N° 25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley N° 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la Ley de Identidad de Género N° 26.743 y la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

En tanto, La Rioja en 2002, a través de la Ley Provincial N° 7.425, adhirió al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Si bien la ley nunca se reglamentó, el programa funciona desde entonces, con distintos nombres.

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En otro extremo de la ciudad de La Rioja, en la zona norte, a sólo tres cuadras del Centro de Atención Primario de la Salud del barrio Antártida Argentina, vive Fernanda, quien relata que en el centro de salud no respetaron sus derechos, ya que al asistir en busca de un método anticonceptivo, le dieron un anticonceptivo inyectable, sin un chequeo médico y sin escuchar su voluntad. Ella específicamente estaba buscando pastillas anticonceptivas, porque con anterioridad se las había recetado su ginecóloga y se sentía “cómoda y tranquila” tomándolas.

Luego de tres meses, período que dura el efecto del inyectable, ella asiste nuevamente al centro de salud en busca de  las pastillas anticonceptivas, pero le comunican que no hay, Fernanda con la voz firme relata: “Me estaba inyectando y me hizo re mal, con la pandemia hubo faltante en la sala y te daban el anticonceptivo que había a mano. Así que empecé a cuidarme sólo con preservativo”.

Es decir que asistió en dos oportunidades en busca de un método específico, y ninguna de las dos veces pudo obtenerlo. Al avanzar en el relato, a Fernanda se la escucha cada vez más enojada. Al contar el último episodio que vivió en el centro primario de salud, cuando fue en busca de una pastilla del día después, no sólo se podía sentir su enojo, sino también su decepción y descreimiento en la institución. No volvió nunca más.

“Cuando fui a buscar una pastilla del día después me la negaron por no ir con mi DNI, a pesar de estar registrada por las veces que había ido antes, ¡insólito! Se supone que debe ser gratuita y al alcance de todos, que te tienen que informar y dar lo que uno solicita. Pero no. Me hicieron muchísimas preguntas, y ni siquiera me la dieron. Me fui re enojada, porque encima tengo que explicar todo, ¿por qué quería tomar la pastilla?, ¿por qué no me había cuidado? Le decía que sí lo había hecho, solo que no estaba segura, pero igual era como que no me creían y no me la dieron”.

“Me fui re enojada, porque encima tengo que explicar todo, ¿por qué quería tomar la pastilla del día después? ¿por qué no me había cuidado?”, cuenta Fernanda.

¿Dónde quedó el derecho a decidir de Fernanda al ser interrogada por el personal de salud? Ella se sintió juzgada, teniendo que dar explicaciones y detalles por haber solicitado una píldora de emergencia. Al revivir los hechos, hace una pausa, respira hondo y menciona que “muchas mujeres no tienen derecho al placer, sino obligación”. “De hecho a mí me ha pasado de estar con alguien por obligación, y no pensar en el placer. Estamos viviendo en una época de mucha violencia y femicidios, donde muchas mujeres no pueden elegir y disfrutar de una relación sexual. Ahora, veo las cosas de otra forma, pero cuesta cuando una pide ayuda y es juzgada”, reflexiona.

Finalmente, Fernanda decidió ir a una farmacia por la píldora y comprarla de forma particular.

“Es un desastre la salita, es mentira todo lo que te dicen de que hay anticonceptivos, que te los dan sin cuestionarte, mentira. Es indignante, porque debe haber muchas chicas que lo necesitan y no pueden pagarlo, ¿cómo hacen?, yo tengo la posibilidad de comprarlos, y sé algo del tema, me asesoro, pero me enoja muchísimo porque sé que no todas tienen esa posibilidad. Por eso, yo nunca más vuelvo a la salita”.

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La Rioja es una de las seis provincias que integran el noroeste argentino. Con 387.728 habitantes es la cuarta provincia menos poblada de Argentina. Presupuestariamente depende en un 90% de los fondos coparticipables.

Desde 2015, La Rioja cuenta con el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, al que se le modificó su nombre en febrero del 2020, pasándose a llamar Programa de Salud Sexual, Género y Diversidad. Dentro de sus principales responsabilidades, se destacan las Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva, la distribución de métodos anticonceptivos, el seguimiento de tratamientos de hormonización y de Interrupción Legal del Embarazo.

La provincia adhirió en 2020 al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a través de la resolución 82/20 del Ministerio de Salud. En cuanto a la Educación Sexual Integral (ESI), cuenta con la ley provincial 8.431 que adhiere a la ley nacional 26.150, que garantiza el derecho del estudiantado de todo el sistema educativo a recibir "educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada".

De acuerdo a los datos que la Coordinación del Programa de Salud Sexual, Género y Diversidad contestó a un pedido de acceso a la información de Los Derechos No Se Aíslan, entre marzo y mayo de 2019 se realizaron cinco ILEs, mientras que en el mismo periodo de 2020, se registraron nueve.

Algunos datos

En medio de la crisis sanitaria por COVID-19 que pone a prueba el sistema de salud público argentino, la Dirección General de Estadística e Información del Ministerio de Salud de La Rioja ofreció en el pedido de acceso a la información pública solicitado por Los Derechos No Se Aíslan los datos requeridos sobre partos de 2019 y no los de 2020. Entre marzo y mayo de 2019 (el período requerido) hubo 1.490 partos en la provincia, de los cuales 12% fueron de personas gestantes de entre 10 y 19 años.

De acuerdo al sitio oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, en el país “cada año nacen 11 mil niños y niñas cuyas madres son menores de 20 años. 7 de cada 10 madres adolescentes de entre 15 y 19 años reportan en el momento del postparto que ese embarazo no fue intencional”.

Cada 100 nacimientos que hay en la provincia, 13 son partos de niñes o adolescentes, según datos de la DEIS de 2018.

Al hablar de embarazo no deseado, Fernanda menciona que ella cree que nunca debería imponérsele a ninguna mujer, en ninguna etapa. “Si no está preparada física o emocionalmente, no debería tenerlo, su opción claramente debiera ser el aborto. Tengo amigas y compañeras de trabajo que tuvieron que pasar por eso, el embarazo debería ser deseado”.

En este sentido, el Plan Nacional ENIA se aplica para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de les adolescentes para promover una sexualidad plena y libre, al mismo tiempo que responsable. En La Rioja funciona desde 2017. Miriam Toscano es referente provincial del programa nacional de Salud Sexual y Reproductiva desde el 2002 (ley provincial 7.049). Relata que el plan ENIA permitió fortalecer el trabajo que se venía realizando desde entonces, particularmente en el descenso de los embarazos no intencionales en la adolescencia. 

Según explica Viviana Stirnemann, titular de la Coordinación de Adolescencia del Ministerio de Salud, organismo desde donde se aplica el plan, “en la provincia, según datos arrojados por la Dirección de Estadística e Información del Ministerio de Salud de la Nación del año 2018, la fecundidad adolescente pasó de una tasa de 31,6 nacidos vivos por cada mil mujeres en el año 2015 a una de 23,5 en tres años, lo que indica un descenso en la fecundidad en este grupo poblacional y marca la necesidad de continuar trabajando en pos de potenciar las decisiones libres e informadas de los y las adolescentes en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”.

El plan ENIA tiene como hipótesis de intervención las decisiones libres e informadas y el acceso efectivo a métodos anticonceptivos, entre los que se destaca con especial énfasis el implante subdérmico, como el que le colocaron a Luciana. 

Según la información obtenida de la Coordinación del Programa de Salud Sexual, Género y Diversidad de La Rioja, en marzo de 2019 se colocaron 293 implantes subdérmicos, en abril  398 y en mayo 171, es decir que en ese período se colocaron 862 implantes en total provistos por el Ministerio de Salud provincial. Al año siguiente, durante los mismos meses, 465 personas recibieron el implante, divididas en 225 en marzo, 105 en abril y 135 en mayo. En la comparación interanual, la utilización de este tipo de anticonceptivo descendió un 46%. Esta disminución podría ser consecuencia del aislamiento o de otras dificultades generadas por la pandemia.

Educación para decidir

La Educación Sexual Integral instituida por la Ley provincial N° 8.431, es un elemento fundamental y prioritario de los derechos sexuales y reproductivos, declarados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como servicio esencial en la pandemia, por lo que no puede ser dejado de lado en este contexto. 

Si bien Luciana y Fernanda no tuvieron o no recuerdan haber tenido ESI, ambas sufrieron vulneraciones de sus derechos sexuales y reproductivos, en situaciones y centros de salud diferentes, sabiendo que en el centro primario de atención de la salud debían darles un método anticonceptivo. 

En este sentido, Victoria Estrada, coordinadora de Planes y Proyectos Educativos del Ministerio de Educación, área de la cual depende la ESI, confirma que durante la pandemia el organismo siguió trabajando en el cumplimiento de la normativa de la provincia. Desde que llegó la COVID-19, en La Rioja se realizaron actividades como el “Recursero Didáctico” (herramientas para abordaje de arte y ESI), hubo encuentros de ESI con referentes de los distintos niveles educativos, se difundió  el protocolo de prevención de Abuso Sexual Infantil y en septiembre se lanzó un programa de capacitaciones para docentes de todos los niveles y modalidades educativas de toda la provincia denominado “ESIempre”. Además, el organismo participó de la jornada nacional instaurada desde el 2015 por la ley 27.234  “Educar en igualdad”, desarrollada virtualmente.

Libre y plena

La ESI y las consejerías de salud sexual y reproductiva son fundamentales para que no existan más situaciones de vulneración de derechos en manos del Estado como las de Luciana y Fernanda, que prácticamente fue excluida del sistema sanitario. Fue tal la violencia recibida, que decidió no asistir nunca más a un centro de atención primaria de la salud. Esos espacios son fundamentales para que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas reciban información sobre la diversidad de métodos anticonceptivos y sobre su derecho a elegir el más adecuado a sus necesidades. 

Esta información es indispensable para generar autoconocimiento y autonomía sobre los cuerpos, es decir, poder decidir conscientemente cuándo tener relaciones sexuales, con quién tenerlas y cómo tenerlas. El derecho al placer sólo será posible si se respeta el derecho a la libre elección, a la información y a la autodeterminación de los cuerpos. Para lograrlo, es indispensable que el Estado fortalezca el sistema de salud, y garantice los derechos de las y los jóvenes, de las mujeres y disidencias, para que todas las personas puedan vivir una sexualidad libre y plena en el ejercicio de derechos. 

*Aclaración: La Rioja fue incluida por error en el capítulo cuyano. Aunque en 1988 fue integrada a Cuyo, y así aparece en muchos mapas, desde 2012 ya no forma parte oficialmente de esa región. En cambio, pertenece histórica y culturalmente al Noroeste argentino.