La pandemia evidenció fallas estructurales de acceso a la salud y a la Interrupción Legal del Embarazo en los departamentos del interior de Catamarca.

“Si vivís en el interior de Catamarca y te falla el método anticonceptivo, fijate cómo te las arreglas”, reflexiona Érica mientras cuenta cómo logró abortar durante los primeros meses de pandemia. Desconocía la forma en que su historia había trascendido los límites del pueblito donde reside, ubicado a 130 kilómetros de San Fernando del Valle. Mucho menos que hubo una cuasi denuncia y un informe sobre su caso elaborado por el área de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Provincia, por las dificultades que vivió en su intento de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

En octubre de 2019, Catamarca se propuso garantizar las ILE por medio de la Resolución N°722 del Ministerio de Salud de la provincia. Para esto, evaluó descentralizar el sistema y disponer que, de los 16 municipios de la provincia, Andalgalá, Belén, Recreo, Santa María y Tinogasta acompañen el trabajo que venía realizando el Equipo de Reducción de Riesgos y Daños de la Maternidad Provincial 25 de Mayo, quienes desde 2016 son las responsables de practicar y acompañar las ILE. Para octubre de 2020, por falta de presupuesto y también por las presiones que interponen los sectores antiderechos, sólo logró replicarse en el municipio de Belén. Además, la llegada de la COVID-19 y las restricciones a la circulación sumaron un nuevo obstáculo.

Verónica Di Giovanni, directora del área de Maternidad, Infancias y Adolescencias, asegura que, en cuanto a las intervenciones en el marco del protocolo de ILE, lo que se busca es “garantizar los derechos de las personas gestantes y paralelamente amparar al personal hasta que haya un mejor marco legal”. La historia de la interrupción del embarazo de Érica quebró, de algún modo, ese pretendido equilibrio.

Lo que se busca es “garantizar los derechos de las personas gestantes y paralelamente amparar al personal hasta que haya un mejor marco legal”.

Érica vive con su pareja y su hija de 1 año y 11 meses en un pueblo ubicado en el este catamarqueño. En aquel momento, como método anticonceptivo, utilizaba preservativos. “Recuerdo que fue un viernes cuando falló y compré la pastilla del día después, pero igual quedé embarazada. No podía tenerlo. Por eso fui hasta el hospital”, cuenta  Érica. En el nosocomio, la médica que la atendió le recetó los análisis para corroborar su estado y no aceptó sus razones. Le dijo que podía intentar tenerlo y que ella “era provida”. “Me tuvo un montón de tiempo hablándome, mientras mi nena lloraba afuera y yo le decía que me tenía que ir”, recuerda.

El estudio de sangre y el de orina dieron positivo. Érica volvió dos días después con los resultados al hospital, que estaba ubicado a 30 kilómetros de la localidad donde ella residía. Fue decidida a preguntarle a la médica qué podía hacer, porque lo único en lo que podía pensar era en el futuro junto a su hija, quien todavía no cumplía los dos años. “La médica me volvió a presionar para que intentara tenerlo. Le pregunté si podía ayudarme ya que, como parte del sistema de salud me lo estaban negando. Después de insistir con sus argumentos, llamó a otra médica que también se definió como “provida” y me avisó que podían orientarme en la maternidad”, describió Érica.

“La médica me volvió a presionar para que intentara tenerlo. Le pregunté si podía ayudarme ya que, como parte del sistema de salud me lo estaban negando”

Por un caso cercano, sabía que las socorristas conocían el sistema porque habían acompañado a una amiga suya en su decisión de abortar. Socorristas Catamarca es una agrupación feminista que, junto a 58 colectivas más de diferentes geografías del país, conforma Socorristas en Red. Se articulan para dar información y acompañar a mujeres y personas con capacidad de gestar, para que puedan acceder a interrumpir sus embarazos de manera segura y cuidada. La colectiva catamarqueña se conformó a principios del 2018, llevando desde entonces más de mil acompañamientos de manera voluntaria y solidaria.

Se registraron 137 acompañamientos en Catamarca en el período de marzo-junio de 2020, según la organización Socorristas en Red (feministas que abortamos). No todos los procedimientos finalizaron en la interrupción del embarazo.

Érica consiguió el contacto de la agrupación en las redes. Cuando pudo llamarlas, le facilitaron el número de la línea gratuita de Salud Sexual para que la ayudaran, pero allí le dijeron que iban a comunicarse al día siguiente y pasó una semana sin que tuviera noticias. Érica, preocupada por el embarazo no deseado que avanzaba, hablaba todo el tiempo con las socorristas y le planteaba sus dudas.

Desde San Fernando del Valle, la socorrista que la asesoraba preguntó en el área de Salud Sexual local qué era lo que sucedía y por qué demoraban en darle una respuesta. “Le dijeron que me habían llamado muchas veces y que daba ocupado todo el tiempo. Era mentira. Después de esa comunicación que tuvieron con las socorristas, me llamaron, y una mujer con tono prepotente me dijo que si quería abortar no podían enviarme las pastillas, sin más explicaciones, y que tramitara yo una ambulancia con el director del Hospital para que me lleve a la maternidad”, describió. Lo que Érica buscaba era que desde el Ministerio le dieran las pastillas de misoprostol, teniendo en cuenta que en el hospital no iban a ayudarla y que ella no podía trasladarse por las restricciones de la pandemia. Di Giovanni explicó que en el informe sobre el caso de Érica, señala que se negaron porque el protocolo establece que no deben dejar sin compañía o asesoramiento médico a la persona destinataria del tratamiento, por lo que no podían darle las pastillas y que ella las tomara sin un profesional cercano a quien recurrir. Ante la negativa, Érica comenzó a averiguar cómo conseguir la droga sin romper la cuarentena.

Su objetivo era comprarlo en una farmacia. En Catamarca, como en todo el país, la compra de misoprostol sólo está permitida con receta archivada, es decir, que se necesitan dos recetas. Se trata de un medicamento que produce contracciones uterinas y por ello se usa para provocar abortos. Permite a las mujeres y a todas las personas con capacidad de gestar realizar una interrupción de embarazo seguro en sus casas, antes de las 12 semanas de gestación. Según la Organización Mundial de la Salud y La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) se estima que la efectividad del Misoprostol para interrumpir el embarazo es cercana al 90%.En cuanto a su costo, Socorristas denunció en varias oportunidades que algunas farmacias pueden llegar a venderlo hasta cinco veces más caro que su valor real.

Socorristas denunció en varias oportunidades que las farmacias pueden llegar a vender el misoprostol hasta cinco veces más caro que su valor real.

Una semana después de recibir la negativa del Ministerio, a las 7 de la mañana, una llamada del director del hospital despertó a Érica. El funcionario le comunicó que, desde hacía dos horas la estaba esperando una ambulancia para llevarla a la maternidad. “No entendía y le pedí que esperara porque no sabía nada. No tenía cómo ir”, remarca Érica. El hombre le dijo que en la ambulancia había otra chica esperando para “lo mismo”. Teniendo en cuenta que no le habían avisado, que desde su lugar de residencia no tenía cómo trasladarse hasta el hospital y que además le negaron la posibilidad de que su hija viajara con ella en la ambulancia hasta donde ella pensaba dejarla al cuidado de sus padres, Érica tuvo que decirle que no podía ir y le pidió que la disculpara.  

Una hora después, su suegra la llamó preocupada, para contarle que la delegada municipal se había comunicado con ella diciéndole que podía trasladar en la camioneta de la delegación a su nuera, porque el director del hospital le había indicado que debía ir a internarse por una urgencia a la maternidad.“Imaginate mi estado en ese momento. También habían llamado a mi suegro y a un vecino. Todo el pueblo ya estaba hablando de mí”, resume Érica.

La Ley N°26.529 de Derechos del Paciente establece cómo debe ser la relación entre paciente y personal médico. En el Artículo 2 inciso C indica que “toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente, debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles”. Además, la norma especifica la necesidad de la confidencialidad y de guardar “debida reserva” siempre que no haya  autorización explícita del o la paciente. En este caso, se incumplió la ley.

No estás sola

Érica está agradecida con las socorristas y el equipo que garantiza la ILE. “El médico que me atendió era un amor y las socorristas cayeron del cielo en aquel momento. Si ellas no hubieran estado para ayudarme, yo habría tomado las pastillas sola sin tener a quién preguntar y ellas me recomendaron ir a la maternidad a tiempo”, dice. Aunque conocía plenamente que sus derechos habían sido vulnerados, nunca denunció formalmente a la línea de Salud Sexual. “Aún recuerdo la forma de responderme de la mujer del otro lado del teléfono. Me sentí muy sola cuando me dijo que yo tenía que tramitar la ambulancia y al saber que mintió después, con respecto a que mi teléfono le daba ocupado”, relata.

Su caso no fue el único. También había sucedido en dos departamentos más del interior catamarqueño, con una adolescente y otra joven de 20 años, a quienes les indicaron que se trasladaran solas. Ana Radusky, secretaria de Derechos Humanos de la delegación Catamarca, actuó de oficio en el caso de Érica. Se comunicó con los responsables del Ministerio de Salud para poder comprender qué había sucedido y buscar una manera de articular con el interior provincial.

“La principal dificultad son los médicos objetores de conciencia”, señala Radusky, de una manera más espontánea que las voces del Ministerio, quienes aseguran que deben buscar la forma de contrarrestar los embates de los profesionales de la salud que se oponen al aborto legal. “El recurso de amparo que presentaron ante la Corte de Justicia local es un ejemplo”, define.

En agosto, los juristas catamarqueños fallaron a favor del protocolo para ILE del Ministerio de Salud que establecía cómo debían ser las intervenciones. El recurso de amparo que el máximo tribunal provincial rechazó había sido presentado por 22 médicos del departamento Andalgalá, quienes aseguraron sentirse discriminados por ser objetores.

Los jueces determinaron que no era procedente la presentación, ya que se basaban en un supuesto, porque sus derechos no habían sido vulnerados. “Considero que la Resolución Ministerial Nº 722 ha receptado los lineamientos para el ejercicio del derecho, no se advierte la lesión, la restricción, alteración o amenaza con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, que exige esta vía de excepción”, señaló uno de los magistrados en el documento.

En Andalgalá no se realizan ILE. Los médicos del lugar están organizados en contra de este derecho desde que se realizó en 2018 el debate por la legalización del aborto. La falta de profesionales que garanticen los derechos ha impedido que el hospital de esa jurisdicción pueda contar con un equipo ILE como determinaba la resolución ministerial. 

Por su parte, Radusky aclara que el Estado debe encargarse de suplir la falta de médicos dispuestos a respetar la voluntad de las personas gestantes en los diferentes departamentos de la provincia. “Esto es una cuestión de decisión que, si no se toma, significa que habrán muchas más Éricas asistiendo a hospitales públicos que, en vez de obtener información adecuada y profesional, se ven obligadas a escuchar las opiniones personales de los médicos y quedar a la deriva poniendo en peligro su salud”, resalta. “No hay motivo para vulnerar la privacidad. Por otra parte, me pregunto cómo puede el Estado pretender que una urgencia en salud la resuelva una persona en particular, en medio de la pandemia”, explicó.

El Estado debe encargarse de suplir la falta de médicos dispuestos a respetar la voluntad de las personas gestantes en los diferentes departamentos de la provincia.

Lo que propuso Radusky, durante una reunión que tuvo con los responsables de Salud fue realizar un trabajo integral y colaborativo entre el área que ella representa y voluntarias interesadas en la problemática, con el único objetivo de dar solución a los pedidos del interior provincial y evitar la vulneración de derechos. Sin embargo, se trata de una falla mucho más abarcativa, que la crisis sanitaria puso de manifiesto de una manera que hace imposible mirar hacia otro lado.

“Creo que el caso de Érica sirvió para que establezcamos un funcionamiento. Para mostrar, además, que hay un problema estructural que no se soluciona con firmar un protocolo. El interior fue olvidado siempre, faltan ambulancias, presupuesto, además es más conservador y hay un trasfondo cultural que sólo se neutraliza con información”, afirma.

Más aisladas

Las estadísticas de ILE desde que comenzó a funcionar el equipo en la Maternidad Provincial 25 de mayo señalan un marcado ascenso de intervenciones. De 28 casos totales registrados entre 2016 y 2018, aumentaron a 110 sólo en 2019. Entre enero y octubre de 2020 se registraron 129 casos. En Catamarca, una de las primeras medidas tomadas en el marco de la COVID-19 por el gobernador Raúl Jalil fue la suspensión de los recorridos de las líneas de colectivos interdepartamentales, dejando aisladas a las diferentes poblaciones. Esto impidió el traslado de las personas gestantes a los únicos dos lugares  de la provincia en donde se realizan ILE, la maternidad provincial y el hospital de Belén.

Las socorristas de la provincia informaron en sus redes haber contenido y acompañado a un total de 207 personas que abortaron desde enero a junio. 137 corresponden a los meses de pandemia, de las cuales 60 residían en el interior provincial.

Según el Ministerio de Salud de Catamarca, se registraron 28 ILES entre 2016 y 2018; En 2019, aumentaron a 110. Mientras que, entre enero y octubre de 2020, se realizaron 129.

Según el informe de la línea de Salud Sexual Nacional, que es la que centraliza y deriva a las provincias, las consultas por interrupción legal del embarazo fueron el motivo mayoritario desde julio hasta agosto. El resto de las consultas fueron por acceso a métodos anticonceptivos (MAC).

En mayo de 2020, las socorristas de Catamarca emitieron un comunicado, en donde denunciaban la falta de anticonceptivos y de misoprostol en la Maternidad. También, las dificultades que estaban teniendo las personas gestantes en el interior provincial para poder acceder al ILE y otros servicios de salud sexual.

Tras su reclamo, el Ministerio de Salud de la provincia hizo una compra de drogas y, además, se adhirió al Decreto presidencial que declaraba la salud sexual y reproductiva como servicio esencial y prioritario en pandemia. Se siguieron las recomendaciones de Nación y se comenzaron a entregar hasta tres cajas de anticonceptivos por persona para asegurar que estuvieran provistas. También se creó la línea directa de Whatsapp para acceso a ILE y dotaron de más personal al equipo de la maternidad por pedido de las mismas profesionales, que estaban trabajando con lo mínimo e indispensable.

Por la COVID-19, según Di Giovanni, “casi el 50% de los médicos no está trabajando porque son personas de riesgo”. Si bien el Ministerio recibió una partida denominada “COVID-19”, el destino no era la contratación de más personal, sino la compra de insumos. “En Antofagasta de la Sierra no tenemos equipo médico”, ejemplifica la profesional para dar cuenta de la situación.

Di Giovanni cuenta también que la ministra de Salud provincial Claudia Palladino estaba tratando de lograr que el presupuesto 2021 tuviera perspectiva de género en consonancia con el pedido de Nación. El denominado “presupuesto sensible al género” (PPG) persigue el objetivo de que las planeaciones y programaciones estatales contribuyan al avance de la igualdad de género y la realización de los derechos de las mujeres y disidencias.

Juntas

Érica tiene 29 años. Su intento por acceder a la interrupción legal de embarazo no fue lo que esperaba. Pensó que el sistema de salud la ayudaría a resolver de una manera más eficiente su situación. Quiso hablar para que su voz ayude a evitar situaciones como la que ella atravesó. “Entiendo que no todas se animan a contar y que muchas veces el sistema se ve amparado por el silencio”, sentencia.

Las intervenciones de las socorristas, quienes además de ayudarla la alertaron sobre lo que sucedía, fueron importantes para Érica. El acompañamiento fue desde el primer momento en el que ella se comunicó y nunca dejaron de responderle, incluso durante el primer episodio de hemorragia que tuvo a las 4 de la mañana. Sin su asesoramiento, Érica hubiera comprado las pastillas sin saber cómo tomarlas, y no se hubiera realizado una ecografía en medio del proceso para controlarse.

“No hubiera ido a tiempo a la maternidad si ellas no me lo decían”, explica. Agrega que “el proceso con pastillas no pudo completarse” y que fue por esta razón, que el equipo médico debió realizarle un legrado. También relató que la psicóloga que trabaja con las socorristas fue a visitarla antes de que le dieran el alta, obtenida a las pocas horas de practicado el procedimiento. “Estuvieron ahí, siempre dispuestas y acompañando, fue importantísimo para mí”, dijo.