Las mujeres trans de Tucumán vieron muchos de sus derechos aún más vulnerados durante la pandemia. Priscilla tuvo problemas para acceder a la medicación para el VIH.

Priscilla es una chica trans de 27 años, que vive en San Miguel de Tucumán, cerca del Cementerio del Norte. Este es uno de los cementerios más antiguos de la provincia, su entrada se encuentra sobre la avenida Juan B. Justo a 15 minutos de la plaza principal de la capital. Las calles que lo rodean siguen siendo de tierra. Música fuerte, vecines en las veredas tomando el fresco, viviendas muy humildes y carros tirados a caballo son parte del paisaje de la zona.

En las horas de la siesta, Priscilla termina de acomodar su pequeña cocina después de haber limpiado su casa, una modesta vivienda de madera prefabricada con techo de chapa y contrapiso rústico. Ella lava su ropa y cocina, esperando que su pareja llegue para compartir el almuerzo. Él descansa y ella aprovecha para salir al patio, riega el piso de tierra para que el polvo no se levante a su paso y se sienta a fumar un cigarro y dejarse acariciar por los rayos del sol. 

Baja la mirada y sonríe nerviosa mientras relata, pantalla de por medio, que algún día le gustaría ser madre de una nena y que ahora, en pareja, es un sueño que siente que pueden cumplir juntes. El proyecto es tan fuerte que en un encuentro posterior a esta entrevista, Priscilla y su pareja, más unides que nunca, anuncian su casamiento para el próximo año. 

“Te cuento un poco de mi vida. Vivo con mi pareja, que es un chico trans, hace dos años. Comparto el terreno con mi hermano y su mujer, su hija y su futuro bebé”, resume. Pero en su vida no todo es tan armónico como la rutina y el cuidado de su casa.

Adaptarse para sobrevivir

El VIH es un virus que invade las células de defensas del organismo, destruyéndolas progresivamente. VIH significa: virus de inmunodeficiencia humana. Priscilla fue diagnosticada con VIH en el 2018. Desde entonces está con tratamiento de antirretrovirales. “Para recibir los tratamientos por la cuarentena mayormente hubo complicaciones. Hay un desorden y muchas peleas internas en cada hospital. Supuestamente, las infectólogas tienen que seguir atendiendo a los pacientes, pero eso no está sucediendo. No los pueden atender, no nos pueden dar la receta para luego retirar el medicamento, porque están tratando a las personas contagiadas con la COVID-19. Hay personas que se quedan sin tratamiento del VIH hasta por tres meses” describe.

“Las infectólogas tienen que seguir atendiendo a los pacientes, pero eso no está sucediendo. No los pueden atender, no nos pueden dar la receta para luego retirar el medicamento, porque están tratando a las personas contagiadas con la COVID-19. Hay personas que se quedan sin tratamiento del VIH hasta por tres meses”

Ese fue el caso de Priscilla. “Tuve problemas con la obra social, porque no tenía cómo autorizar unas recetas para que me den la medicación. Tuve que buscar un médico  particular, abonar de mi bolsillo, y hacer que me firme una receta y me haga la orden para que recién la obra social me lo dé”.

Priscilla estuvo dos meses sin tomar la medicación, con ello son muchos los riesgos a los que se expone. “Cada vez que me tienen que hacer los estudios me bajan las defensas y me suben la carga viral y todo eso ya es medio complicado y es jodido. Gracias a Dios, en ese sentido, no tuve problemas grandes de salud”, asegura.

El tratamiento para el VIH consiste en medicamentos para evitar la reproducción del virus. Hoy en día es posible inhibir o frenar al máximo esa reproducción utilizando combinaciones de dos o tres antirretrovirales (ARV). De esta manera, se impide la destrucción de las defensas y el desarrollo de enfermedades oportunistas.

Ante la falta de atención del sistema de salud pública, Priscilla estuvo durante dos meses buscando otro infectólogo y sin tomar la medicación. “Tenía que salir a exponerme a la calle, tratar de no atender clientes en persona, hacerlo por video o venta de pack (fotos y videos). Fue complicado y desesperante”.

“Yo creo que están jugando con la salud de una misma, de nosotras, porque nosotras también pertenecemos al grupo de riesgo”, lamenta Priscilla.

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El 20 de marzo de 2020 el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el aislamiento social preventivo y obligatorio para combatir el avance de la pandemia de coronavirus en Argentina. Desde ese momento, todos los espacios públicos, privados y estatales cerraron hasta nuevo aviso. Se suspendió el dictado de clases en todo el país, los negocios cerraron sus puertas, los teatros bajaron el telón y, como consecuencia, se perdieron numerosos puestos de trabajos.

Según confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desempleo creció en el segundo trimestre del año al 13,1%, casi tres puntos más que el registro del período enero-marzo, cuando había alcanzado el 10,4% de la población económicamente activa.

El sistema de salud pública se enfrenta desde entonces a un gran desafío: dar respuesta a la situación de crisis.

Pero, ¿qué sucedió con los tratamientos crónicos que se realizan en los hospitales públicos, específicamente con las personas que viven con VIH, consideradas como pacientes de riesgo en esta pandemia?

Según el Boletín Oficial sobre VIH en Argentina emitido en diciembre de 2019, se estima que 139 mil personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), de las cuales un 83% conoce su diagnóstico y un 17% aún lo desconoce. 

Del total de la población Argentina, la prevalencia de VIH entre mujeres trans es del 34%. Entre un 12 y un 15% son hombres que tienen sexo con hombres, entre 4 y 7% usuaries de drogas inyectables, de 2 a 5% son trabajadores/as sexuales o en situación de prostitución, y 2,7% personas en contexto de encierro.

Según datos de la Secretaría del Gobierno de Salud Nacional en 2019, de las personas que viven con VIH, el 34% son mujeres trans.

Hasta diciembre de 2019, 50 mil personas se encontraban en tratamiento antirretrovirales en el Sistema Público de Salud, habiendo atravesado serias dificultades en los últimos años para adquirir la medicación. Considerando estas estadísticas frente al hecho de que los servicios de atención externa de la salud pública se encuentran suspendidos y con atenciones reducidas, lo que ha impedido la entrega regular de los tratamientos antirretrovirales,  ¿cómo siguieron sus tratamientos toda esta porción de la sociedad y, sobre todo, qué sucedió con la población trans en Tucumán?

Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, destaca en una nota a diario Clarín que “las personas travestis, transexuales y transgénero hemos vivido a lo largo de nuestra vida, a lo largo de la historia argentina, mucha violencia. Y esta violencia se tradujo efectivamente, no solamente en una expulsión, muchas veces, de nuestros ámbitos familiares, sino también dentro de los demás ámbitos como el educativo, el de salud y en el laboral”. Desde enero hasta el 5 de noviembre de 2020, Tucumán registra ya dos transfemicidios. Ambas víctimas eran trabajadoras sexuales.

Lejos de un reconocimiento del Estado, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán a cargo de la doctora Rossana Cahla, ante los pedidos de acceso a la información pública necesarios para esta investigación, se rehusaron a compartir cualquier tipo de dato. También cerraron toda posibilidad de diálogo.  

Desde enero hasta el 5 de noviembre de 2020, Tucumán registra dos transfemicidios. Ambas víctimas eran trabajadoras sexuales.

El centro educativo trans de puertas abiertas “CeTrans”, sigue sin tener actividad. Sus docentes actualmente manifiestan constantemente la necesidad de presupuesto, sin obtener los recursos y la respuesta necesaria por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán a cargo de Juan Pablo Lichtmajer.

Si llega a ser tucumana

Priscilla relata en profundidad su historia. “Tengo estudios primarios y secundarios completos. A la secundaria la terminé hace dos años. Supuestamente terminaba la primaria a los 12 años y seguía automáticamente, pero lo dejé, porque en el establecimiento donde estudiaba, al ver mi actitud y mi cambio, que estaba transcurriendo, fui discriminada”.

No fue el único intento de estudiar que tuvo. “Dejé por un tiempo la escuela. Un par de años después volví a retomar en una nocturna y volví a sufrir esa misma discriminación por un director. No le gustaba mi vestimenta, mi manera de actuar, me hacía pasar vergüenza, como diciendo que yo tenía que ir vestido como un hombre, sin maquillaje. Por ese motivo volví a dejar aproximadamente a mis 17, era chiquita cuando dejé la escuela”, relata y en su historia se refleja las de otras compañeras trans que tampoco pudieron acceder a su derecho a la educación.

Según un informe de la Red Iberoamericana de Educación LGBTI, ser o pertenecer al colectivo LGTTBIQ+ es el segundo motivo de discriminación en las escuelas. Esto explica en gran parte por qué el 73,5% de la población trans en Argentina no logró completar sus estudios secundarios.

La Ley 26.743 de Identidad de Género, promulgada el 23 de mayo del 2012, permite que las personas trans sean tratadas de acuerdo con su identidad autopercibida, tengan o no realizada la rectificación de datos en su DNI. A pesar de ser un derecho, esa realidad varía de acuerdo a la cantidad de kilómetros que separan a las provincias de la Capital Federal, por la falta de voluntad política y reglamentaciones de la misma ley. Como lo fue en Tucumán, con las demoras para adherir a la Ley Micaela y la resistencia a la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral.

La deserción escolar imposibilitó que Priscilla pudiera desarrollarse plenamente, y en igualdad de condiciones. “La primera vez que dejé mi escuela, como tenía que aportar un poco en mi casa cuando vivía con mi familia, me dediqué al trabajo en la calle. Tenía 17, casi 18 años”.

“Me dedicaba al trabajo sexual, me desvelaba todos los días y el pretexto que le ponía a mi mamá era que había conocido un chico con el que estaba saliendo y me venía manteniendo. Me dedicaba a trabajar en la esquina de noche. Tenía que salir con toda la ropa de mujer a escondidas y cambiarme, ya sea en un boliche del ambiente o si podía en las estaciones de servicio”, recuerda. 

Así aprendió los códigos de la calle. Cómo sobrevivir a un ecosistema que no conoce las mismas leyes que rigen a la luz del día. “Nos cuidábamos unas a las otras. Todas teníamos la misma edad. En ese momento éramos primerizas, no sabíamos mucho sobre lo que era el ambiente hasta que fuimos creciendo”.

Las “madres”

En el mundo trans siempre hay como una “madre de ambiente”, mujeres más grandes, con mucha experiencia, que asumen un rol materno con las  más jóvenes. “Una madre te enseña cómo cobrar, cómo defenderte, a quién esquivar, cuándo ceder, dónde evitar a la policía, te trata de cuidar, ayuda en lo que puede y esas cosas”, explica Priscilla, pero así y todo, en la noche nunca se está a salvo. Esos aprendizajes no estuvieron exentos de violencia, miedo y persecuciones. 

“Me pasó en varias ocasiones que me tocaron clientes que eran bruscos. En un momento, me llegaron a pegar un culatazo, porque él llevaba un arma en el vehículo y me pegó en la cara. Fue el único momento en el que sentí que se me iba a ir la vida, pero gracias a Dios, después de eso no volví a verlo nunca más. Era conocido de la zona”, aclara Priscilla.

Ejercer el trabajo sexual en las calles implica adaptarse al medio de cualquier manera y a cualquier costo. “El trabajo de noche te lleva muchas veces a consumir alcohol para soportar el frío y también drogas, todo eso para soportar muchas cosas que nos deparaba. Teníamos que ir  exuberantes, casi desnudas, para poder llamar la atención de algún cliente. El consumo de drogas era muy común también en la zona y era muy esporádico porque no siempre teníamos”, relata.

Construir un cuerpo femenino para cumplir con lo que se espera de una “mujer”, significó exponer la propia salud. Hormonas sin receta, silicona líquida, inyecciones. “En ese tiempo nos recomendaban las más grandes, las que tenían más años, más experiencia. Nos decían que tomáramos o nos inyectáramos cierta hormona, que en realidad vendría a ser un anticonceptivo para las mujeres, pero a nosotras nos hacía crecer el cuerpo, debilitaba el vello, nos hacía un poco más femenina la cara”, afirma Priscilla y agrega: “A la larga, también estábamos apostando nuestro mismo cuerpo, porque nos jodía el hígado”.

“A las siliconas líquidas llegamos por consejo de las otras. De cada diez chicas que éramos, seis nos poníamos”. Las intervenciones con siliconas modelantes es una práctica a la que las mujeres trans llegan para poder construir una imagen acorde a lo que desean ser y lo que consideran más aceptable por la mirada social. Estas prácticas se dan también por los bajos costos de estas mismas, ya que las intervenciones privadas y prótesis son prácticamente imposibles de costear.

La silicona líquida le trajo serios problemas de salud a Priscilla, cuando el producto que le inyectaron comenzó a migrar del sector de los glúteos hacia la columna. “Anduve averiguando en hospitales públicos para ver si me la podía sacar. Me dijeron que es un lugar muy complicado, que no es conveniente moverla, porque me puedo quedar en silla de ruedas, eso me paraliza el cuerpo de la cintura para abajo”, asegura sobre los efectos de las intervenciones caseras. Hoy, la Ley de Identidad de Género indica que el Estado debe proveer las terapias hormonales y cirugías de readecuación, aunque el acceso no siempre se garantiza. 

El derecho a la salud para la población trans se ve vulnerado por prejuicios y discriminación. Priscilla relata que a un médico le dio impresión revisarla, otro la llenó de preguntas. Tuvo que pasar por tres hospitales, el Avellaneda, el Padilla y el Centro de Salud, para poder ser atendida.

“Hay una profunda desconfianza en el Sistema de Salud Pública hacia mujeres trans y travestis en Tucumán. Las personas trans no se acercan al sistema público de salud porque no lo sienten amigable. Nos han contado personas VIH positivo que no quieren ir a buscar la medicación porque se sienten maltratadas por personal de la salud pública, o se sienten discriminadas y estigmatizadas”, explica Fernanda Rotondo, coordinadora del área de género de Andhes, organización de Derechos Humanos del NOA que actualmente representa a la familia de Ayelén Gómez por su transfemicidio, ocurrido en Tucumán en 2017.

“Nos han contado personas VIH positivo que no quieren ir a buscar la medicación porque se sienten maltratadas por personal de la salud pública, o se sienten discriminadas y estigmatizadas”.

“Esto genera una brecha y un obstáculo para el acceso a la salud enorme,  más de lo que creemos. Porque claramente, más allá de que esas personas deban cumplir sus funciones como parte del sistema público de Salud, no es que las mujeres o personas trans no llegan, sino que no quieren llegar porque se sienten expulsadas de ese sistema. Y ese es un debate que hay que darse desde el Estado para tener prácticas más amigables”, sostiene. 

Para Priscilla, “no hay nada positivo en el hospital público con nosotras. No nos apoyan. Podrían darnos una solución porque la operación de mamas está reconocida por la Ley de Identidad de Género, y así tratar de mejorar la vida de una mujer trans sin que se inyecte cosas que no corresponden en un cuerpo. Muchas compañeras siguen inyectándose silicona”.

Un cambio de paradigma

Priscilla tenía 19 años cuando se aprobó la Ley de Identidad de Género en Argentina. “Desde esa época no cambió mucho, seguimos haciendo lo mismo que hacíamos anteriormente, estar paradas en la esquina laburando y no tener un trabajo digno”, sentencia.

El Estado nacional ha avanzado con iniciativas que favorecen a la población de mujeres, trans y travestis. Protocolos, tratamientos hormonales y operaciones de adecuación genital como se realizan en el Hospital Durand de la ciudad de Buenos Aires o el Hospital Gutiérrez en La Plata. Sin embargo, no existen las mismas características ni personal especializado en otros hospitales públicos a lo largo del país. Todavía hay que debatir esa llegada al resto de las provincias de Argentina. 

“Hay una cuestión básica de principios del derecho que no podemos evadir. Más allá de cuál sea la provincia y quizás la historia y cultura provincial, no podemos ir en contra de la Constitución y de los tratados internacionales”, argumenta Rotondo. 

Desde su punto de vista, “es fundamental” una vinculación directa con la Educación Sexual Integral. “Hay un trabajo en conjunto que se debe dar desde las infancias, desde la función que cumplen profesores y educadores en las escuelas. Necesitamos un sistema de salud público receptivo y también un sistema educativo que sea un espacio amigable de contención para todas las personas”, afirma.

Priscilla conoce la Ley de Identidad de Género y los derechos que le corresponden. “La reasignación de sexo nos corresponde gratuitamente, porque nosotras nos sentimos a veces en un cuerpo extraño y entonces tratamos de buscar la manera, lo más económico, para tratar de completar eso que a nosotras nos falta o nos sentimos inseguras de no tener”.

En la provincia de Tucumán, los tratamientos hormonales se realizan en dos espacios de salud pública. Sin embargo los turnos son limitados y el acceso a hormonas es reducido, lo que no permite llevar un tratamiento constante.

Cuando #LosDerechosNoSeAíslan preguntó por operaciones tales como aumentos de mamas, o mastectomías en caso de varones trans, la respuesta fue la misma en todos los hospitales: “Esas intervenciones no se realizan”.

Para Andhes, durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri se dieron retrocesos en materia de derechos adquiridos, con la eliminación de ministerios y la reducción de partidas presupuestarias destinadas a políticas públicas con perspectiva de género. “Hablar de un piso básico de derechos humanos, es algo que tenemos que conservar y desde ahí avanzar en la exigencia de todos los derechos que aún faltan”, explica el abogado Martín González.

En el contexto de pandemia, las desigualdades se hicieron más visibles y las problemáticas estallaron dejando al descubierto a los grupos más vulnerables.

González puntualiza: “Ahora más que nunca insistimos con la palabra presupuesto, porque consideramos que es necesario materializar estas normas. Y si bien hoy en día podemos contar con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, es necesario hacer una lectura dentro de nuestras provincias. Tucumán está atravesada por grupos conservadores fuertes, que se imponen para no cumplir la Ley de Educación Sexual Integral, por ejemplo. No se puede establecer una ley con parámetros desiguales entre las provincias. Esto pasa en Jujuy, en Salta, en Tucumán, donde se establecen asimetrías entre los derechos de las personas entre provincias y somos un Estado federal. Existe aún una lógica de construcción binaria, y esta lógica impacta en el desarrollo de la justicia, en el desarrollo de las leyes y en el desarrollo de las políticas públicas. El desafío está en romper esta lógica patriarcal binaria, y poder construir una política más inclusiva e interseccional, considerando la diversidad tanto geográfica como cultural que atraviesan las provincias del norte”.